El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha incidido hoy en la supuesta implicación de la Junta de Andalucía en los "escándalos" de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), por lo que ha pedido a su presidente, José Antonio Griñán, una "explicación".
Arenas, que ha presidido hoy en Archidona (Málaga) unas jornadas sobre diputaciones, ha señalado en su intervención que el Gobierno andaluz "ha intentado ocultar toda la información referente al asunto de los ERE", y ha añadido que no ha respetado la independencia de las administraciones de Justicia ni de la Cámara de Cuentas.
Asimismo, ha insistido en que para proteger la democracia es necesario defender a todas las instituciones y organismos como son la Justicia, la Cámara de Cuentas y las Fuerzas de Seguridad del Estado "no sólo cuando te dan la razón", ha referido.
Por otra parte, el también vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP ha criticado que no haya culminado la formación de la administración periférica andaluza dos meses después de las elecciones autonómicas.
El dirigente popular, que ha achacado a "motivos partidistas" esta situación en la comunidad andaluza, ha hecho hincapié en la necesidad de reformar todas las administraciones públicas, de modo que exista una por cada competencia.
Arenas se ha mostrado satisfecho por el resultado de las jornadas, en las que 105 diputados provinciales han puesto en común las estrategias que pueden aplicarse de cara al futuro y principalmente aquellas destinadas a establecer nuevas formas de administración estratégica.
"Desde el PSOE plantean la desaparición de las diputaciones porque no gobiernan en ellas, pero desde estas administraciones se trabajan con las ideas claras y sin competir con las funciones de los gobernantes de las provincias", ha insistido.
Por consiguiente, ha resaltado que "en momentos difíciles y de diferencias" son necesarios grandes acuerdos en todas las políticas, "dejando de lado las ideas que nos separan, para vencer de este modo a la crisis y mantener la unión en Andalucía".
El presidente del PP-A, que ha aludido a las medidas anunciadas recientemente por la Junta, ha señalado que el Gobierno bipartito establece recortes en educación, sanidad, empleo y políticas sociales, pero "no propone ninguna medida para salir de la crisis" y ha reivindicado el trabajo del PP con este objetivo.
Al mismo tiempo, Arenas ha considerado de "un cinismo extraordinario" que el presidente de la Junta defienda el consenso en España, mientras que en Andalucía defiende, a su juicio, la confrontación.
Por otra parte, ha asegurado que su partido cuenta con el valor del cambio protagonizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "que nace de la fuerza y del trabajo del municipalismo en Andalucía".
INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
Un informe de la Guardia Civil entregado a la juez que investiga los ERE fraudulentos en Andalucía dice que la Junta revisó los expedientes y sacó de ellos "documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación", además de completarlos con datos que faltaban antes de darlos al juzgado.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, asegura que conocían las irregularidades en las ayudas el Consejo de Gobierno andaluz, la Comisión General de Viceconsejeros ("Consejillo") que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías, los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, sus viceconsejeros y tres sucesivos directores generales de Trabajo.
La juez, en un auto notificado hoy, ha decidido suspender las declaraciones previstas para junio y julio, que incluían a varios "intrusos" en los ERE y al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para estudiar este "relevante atestado" de 304 folios, las "personas que en él se mencionan" y abrir posibles nuevas vías de investigación.
Según la Guardia Civil, durante nueve años desde 2001 la Junta utilizó un sistema de "adjudicación irregular de ayudas que de manera injustificada sustituía la legislación aplicable" e impedía su fiscalización, en una situación en la que el Consejo de Gobierno "conocía el sistema utilizado, participando en mecanismos que lo harían viable".
El "descontrol absoluto" de las ayudas comenzó con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008 y encarcelado desde marzo pasado, con la "activa colaboración" de alguno de sus subordinados y permitió adoptar "decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas sino más bien con intereses personales".
Como ejemplo, la UCO cita la Sierra Norte de Sevilla, que con una población de 30.000 habitantes recibió unos 50 millones de euros, el 70 por ciento de las ayudas directas a empresas concedidas en Andalucía.
En este caso, jugó un "papel esencial" como promotor de las ayudas el exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004 José Antonio Viera, pero su sucesor Antonio Fernández -encarcelado desde el 24 de abril- "fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose".
Dice la UCO que Fernández y su exviceconsejero imputado Agustín Barberá "fueron conscientes de la tramitación y gestión irregular de los expedientes" pero "no trasladaron los hechos al juzgado ni a la Fiscalía, a pesar de su gravedad".
La UCO recoge que durante el fin de semana del 20 y 21 de noviembre de 2010, una vez conocida la investigación de la juez Mercedes Alaya, se reunieron en la dirección general de Trabajo siete personas con el entonces director general, Daniel Alberto Rivera, y estuvieron revisando los expedientes de ayudas.
Los investigadores creen que no se destruyó documentación, aunque los expedientes reclamados por la juez "no se mandaron tal cual estaban", sino que se sacó de ellos "documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".
Una de las hipótesis de la UCO es que parte del dinero iba destinado a "financiación de los sindicatos" mediante la entrega de cantidades "de las que a día de hoy se desconoce su motivación".
LA JUNTA ACUSA A LA GUARDIA CIVIL DE HACER EL ATESTADO SIN PRUEBAS
La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha dicho hoy que la Guardia Civil, en el atestado que ha entregado a la juez Mercedes Alaya sobre el caso del fraude en los ERE, basa sus valoraciones en "suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio".
En declaraciones a los periodistas durante el transcurso del congreso del PSOE de Sevilla, Díaz ha asegurado que es "absolutamente falso que los altos cargos de la Consejería de Empleo conocieran o consintieran la extracción o destrucción de documentos relacionados con la trama" de los falsos ERE.
Díaz ha dicho que no comparte "en absoluto" que se intente justificar el conocimiento de los hechos por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y ha insistido en que se trata de "suposiciones impropias" que no cuentan con pruebas.
"Creemos que al final estamos hablando de una causa general contra la Junta, con un procedimiento inquisitorial que lo que tienen son fines partidarios", ha apostillado.
