El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la investigación sobre las presuntas donaciones de empresarios a la supuesta caja B del PP, reflejada en los conocidos como "papeles de Bárcenas", a cambio de adjudicaciones públicas, al considerar que no se ha acreditado la comisión de ningún delito.
La decisión llega después de que Anticorrupción solicitara el sobreseimiento tras recibir de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) emitiera un último informe donde no se detectaban irregularidades en los procesos de adjudicación.
El magistrado, en atención al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, cierra así el último fleco que quedaba abierto del caso denominado "papeles de Bárcenas", derivado de Gürtel, al estimar que "no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos".
"No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical… que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, Interventores de la Fiscalía e IGAE", dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Ni arbitrariedad ni irregularidad alguna
El juez pone fin así a una larga e "intensa" investigación que comenzó en 2013, se archivó en 2015 y se reabrió en 2017, a raíz de que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, asegurase en el juicio de esta macrocausa que la red cobró comisiones por obras públicas, y que de ese dinero le daba el 2 o el 3% al extesorero del PP Luis Bárcenas por conseguir adjudicaciones en ministerios como Fomento o Medio Ambiente. Bárcenas entonces lo negó y cuando Correa fue citado ante el juez de instrucción, no ratificó sus declaraciones.
Tras analizar los expedientes de contratación de todas las empresas, recabar informes de diversos organismos y tomar declaración a investigados y testigos a lo largo de estos años, el magistrado cree que no se puede vincular o relacionar los "ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
La Intervención General del Estado analizó la forma de contratación y las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y no arrojan elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados “papeles de Bárcenas”, zanja el juez.
