El Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la reforma de las pensiones que eleva gradualmente la edad jubilación a los 67 años, después de que el Gobierno haya logrado sacarla adelante con el único apoyo de CiU durante todo el trámite parlamentario.
La Cámara Baja ha dado su visto bueno tras aceptar las 40 enmiendas del Senado a la ley de "actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social".
La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y 6 meses.
Además, eleva de forma progresiva los años que se tendrán en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los 15 actuales a 25.
La nueva reforma, la sexta del sistema de pensiones y octava de la Seguridad Social, contempla que para poder acceder a la jubilación anticipada a partir de los 63 años habrá que contar con 33 años cotizados, aunque para situaciones de crisis la edad se rebaja a los 61, mientras que se mantiene los años de cotización.
También incluye a los empleados del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2012, con el fin de equiparar sus derechos y deberes con los restantes trabajadores.
Además, señala que las empresas de más 500 trabajadores que obtengan beneficios y que inicien o hayan iniciado desde el 27 de abril de 2011 un expediente de regulación de empleo (ERE) tienen que asumir el pago del subsidio por desempleo de los despedidos.
Asimismo aumenta la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52 % actual al 60 % para las personas que tengan 65 años o más y no tengan otra pensión pública y mejora fiscalmente las pensiones de viudedad que acumulen rentas del trabajo con otras pensiones.
También destaca que los padres trabajadores -en caso de desacuerdo será la madre- que hayan interrumpido su carrera profesional para cuidar a sus hijos puedan sumar hasta cinco años de cotización.
DEBATE EN PLENO
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, lamentó hoy que algunos grupos parlamentarios traten de confundir a los ciudadanos presentando la reforma de las pensiones como un "recorte social", cuando su objetivo es pagar a medio y largo plazo un mayor número de pensiones y de mayor cuantía.
Gómez hizo esta reflexión en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde en torno a las 14:00 horas se votan las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley de "actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social", que será aprobado hoy definitivamente y que eleva a 67 años la edad legal de jubilación.
Según el ministro, cuando esté implantada totalmente la reforma -entrará en vigor en 2013 y se culminará en 2027- las pensiones que se abonen serán más altas que en 2011.
Gómez también aprovechó para agradecer al Parlamento y a todos los grupos el trabajo que han realizado en la tramitación parlamentaria de la reforma.
En su opinión, ha sido "mejorada" porque se ha reforzado el sistema solidario y el elemento redestributivo a través de un conjunto de medidas que incrementan la acción protectora del sistema y tienen como principal destinatario a las mujeres.
Por ello, Gómez afirmó que con esta reforma habrá un "antes y un después" en la historia del sistema, porque su contenido garantiza su sostenibilidad, potencia el compromiso entre generaciones y elimina el riesgo financiero a medio y largo plazo de las pensiones, porque es "fruto" de la concertación y porque contribuye a "apuntalar" la estructura del sistema de bienestar.
Además, el ministro dijo que la reforma supone una búsqueda de la igualdad de todos los ciudadanos.
DEBATE EN PLENO
Durante el debate, el portavoz del PP Tomás Burgos aseguró que la reforma es un "mal arreglo", "un parche de circunstancias" que "recorta los derechos de los ciudadanos" a los que hará trabajar dos años más.
Puntualizó que la reforma "ni ahorra, ni aumenta los ingresos" de las arcas de la Seguridad Social y perjudica a las mujeres y a los jóvenes, ya que la pensión de viudedad se hace asistencial y no contributiva y los beneficios de cotización por hijos discrimina a la mujeres que trabajan.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, consideró que no es justa ni "estructural", criticó que incumpla la jurisdicción constitucional al hacer "retroceder" la cuantía de la protección y "endurecer" sus condiciones de acceso y lamentó que "ignore" las competencias autonómicas.
En sentido contrario, Carles Campuzano (CiU) defendió la reforma por ser "imprescindible y la más importante desde 1985", puesto que es "flexible" y permite a los ciudadanos adaptarse, así como diferentes situaciones laborales.
Recalcó que tiene perspectivas de futuro, responde a los acuerdos del Pacto de toledo y será útil, al tiempo que reprochó al PP que no asuma su responsabilidad y no la apoye, cuando quizá tendrá que gobernar en el futuro.
Desde IU, el diputado Gaspar Llamazares, aseveró que es un "retroceso histórico de la conquista los trabajadores" de jubilarse a los 65 años y pidió al Parlamento que "recupere la dignidad" y la "paralice"; al tiempo que Joan Tardá (ERC) denunció que se trata de un "jaque mate" al Estado de bienestar y viene impuesta por los mercados.
También la diputada de UPyD Rosa díez criticó que nazca de la "ruptura del consenso" y no contemple "una sola medida" que garantice la sostenibilidad del sistema; mientras que Olaia Fernández (BNG) coincidió en que sale de los mercados.
