El juez de lo Penal número 10 de Sevilla ha decidido aplazar al 8 de enero de 2016 el juicio previsto inicialmente para este viernes contra los padres del 'Cuco' y P.B.R., el supuesto infiltrado que ha entregado al juez más de 600 horas de conversaciones grabadas en el entorno y en la familia del 'Cuco', por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta del Castillo.
El 'Cuco', cabe recordarlo, fue sorprendido el 14 de noviembre de 2010 cuando viajaba en un vehículo junto a sus progenitores y el supuesto infiltrado por la AP-4 que une Sevilla y Cádiz, a 26 kilómetros de la provincia hispalense, cuando sobre el entonces menor pesaba una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta del Castillo o de su lugar de residencia.
La Fiscalía hispalense solicita para los padres del 'Cuco', identificados como R.I.G.M. y A.R.C., y para el supuesto infiltrado el pago de una multa de 6.480 euros como cooperadores necesarios de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. El juez ha tomado la decisión de aplazar la vista oral debido a que, por un error mecanográfico, se había citado a los dos policías nacionales que elaboraron el atestado y no a los que interceptaron el vehículo en el control policial establecido a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, en dirección Sevilla.
Una vez comprobado el error, se citó a estos últimos pero con muy poca antelación, lo que ha motivado el aplazamiento. Aunque la vista oral se ha aplazado, tanto los padres del 'Cuco' como el supuesto infiltrado se han sentado en el banquillo de los acusados, destacando que éste último lo ha hecho cubriendo su rostro con unas gafas oscuras, un pasamontañas y un gorro de lana, lo que ha motivado que el juez le llamara la atención para que se descubriera la cara. Y así lo ha hecho.
A la salida de los juzgados, un grupo de personas ha increpado al grito de 'asesinos' al Cuco --que también estaba citado para declarar en el juicio-- y a sus padres, que por ello han tenido que ser escoltados por la Guardia Civil hasta el taxi en el que, finalmente, se han marchado.
"INTENTO DE CONFORMIDAD"
Hasta el juzgado también se han cercado el abuelo y el padre de Marta, José Antonio Casanueva y Antonio del Castillo, quien ha lamentado el error en la citación de los policías. "Así funciona la Administración de justicia, citan a policías que no son y ahora se suspende todo, hemos perdido el día de trabajo para venir aquí para nada", ha lamentado.
"Esto es una aventura sin fin, el cuento de nunca acabar, un despropósito", ha criticado Antonio del Castillo, quien, asimismo, ha desvelado que los acusados "han intentado llegar a una conformidad pero no lo han conseguido" porque el presunto infiltrado "no quiere reconocer su culpa, porque no la tiene, y lo veo muy lógico".
El supuesto infiltrado, según ha agregado el padre de Marta, "se ha negado a llegar a un acuerdo, porque él quiere que se reconozca su condición y lo que ha hecho, y es normal" en el caso de una persona "que ha trabajado para un Cuerpo, para un estamento".
De su lado, el abuelo de Marta ha criticado que "todo esto es una pantomima más de lo que nos están haciendo", al tiempo que ha lamentado que, "en este puñetero país, tenemos una justicia tercermundista, propia de los países atrasados".
LOS HECHOS
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que fue el 5 de noviembre de 2009 cuando el Juzgado de Menores número 3 acordó imponer al 'Cuco' las medidas cautelares de "convivencia con grupo educativo y la prohibición de aproximarse a menos de 50 kilómetros de la familia nuclear de la víctima o de comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento, las cuales deberá comenzar a cumplir una vez finalice la medida de internamiento cautelar" que se encontraba entonces cumpliendo.
De este modo, y para el cumplimiento de dicha medida cautelar, al 'Cuco' "le fueron concedidos diversos permisos de convivencias familiares con una duración entre cuatro y siete horas, en las localidades próximas a donde se encuentra ubicado el piso de convivencia", entre ellos un permiso para que "disfrutara de una convivencia familiar en El Puerto de Santa María (Cádiz) en horario de 13,00 a 20,00 horas del día 14 de noviembre de 2010".
Al hilo, el Ministerio Público dice que, tras serle notificado dicho permiso "en tiempo y forma" tanto al menor como a sus representantes legales y a su abogado, los tres acusados recogieron al entonces menor de edad en el piso de convivencia sobre las 13,00 horas del día señalado para, "acto seguido, emprender un viaje hacia Sevilla".
La Fiscalía concreta que, sobre las 13,40 horas, y mientras iban a bordo de un vehículo Opel Signium en compañía del 'Cuco', fueron interceptados por un control de Policía a la altura del kilómetro 25,5 de la carretera AP-4, en dirección Sevilla.
Y todo ello, afirma el Ministerio Público, pese a que los imputados "eran conocedores, no solo de la orden de prohibición de aproximación impuesta mediante auto de 5 de noviembre de 2009" dictado por el Juzgado de Menores número 3, que impedía al entonces menor acercarse a menos de 50 kilómetros de la familia de Marta, "sino también de la medida cautelar de convivencia en grupo educativo".
"La anterior resolución fue notificada al representante legal" del 'Cuco', "al letrado y a él mismo", concluye la Fiscalía en su escrito de acusación, donde solicita imponer a cada imputado la pena de multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros.
EL 'CUCO' YA FUE CONDENADO
Por estos mismos hechos, el 'Cuco' ya fue condenado a 12 meses de libertad vigilada por un delito de quebrantamiento de condena, lo que hay que sumar a la condena de dos años y once meses de internamiento seguidos de un mes de libertad vigilada por encubrir el crimen de Marta del Castillo, pena que ya cumplió y que le posibilitó poder abandonar el centro donde permanecía recluido.
Dentro de la causa contra el 'Cuco', los padres del entonces menor de edad ya comparecieron como testigos ante la Fiscalía y se acogieron a su derecho a no declarar, limitándose a ratificar la declaración prestada ante un Juzgado de Utrera en la que aseguraron que el día de los hechos "se equivocaron de carretera" y que su objetivo era acudir a una fiesta de cumpleaños en Las Cabezas de San Juan.
