La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de los ERE que abra nuevas diligencias por una ayuda de 22 millones de euros de la Junta de Andalucía a la empresa tabaquera Altadis para financiar sus prejubilaciones, que impute a otras cinco personas y que amplíe la acusación contra otras seis.
Anticorrupción pide a la juez Mercedes Alaya que impute en la causa al exdirector de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea y a varios líderes de UGT y CCOO que firmaron en diciembre de 2004 el compromiso de pago de la Junta, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, que entonces era miembro de la dirección andaluza de UGT y posteriormente fue secretario general, así como Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla.
La Fiscalía solicita que la juez cite a Altadis, CCOO y UGT como responsables subsidiarias y les impongan medidas cautelares para "asegurar el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita". A
demás, pide que la juez amplíe la imputación ya vigente contra seis ex altos cargos de la Junta: los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, los exdirectores de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y Antonio Valverde y la exasesora de Empleo María José Rofa.
"EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES"
El escrito señala que las ayudas por el ERE de Altadis en 2005 figuran entre las señaladas por la Cámara de Cuentas y la Guardia Civil, pero aún no han sido incorporadas a la causa de los ERE, y el fiscal cree que "existen elementos suficientes" para realizar nuevas imputaciones y así "evitar dilaciones innecesarias".
Los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 20.477.820 euros, a los que habría que añadir 1.848.125 mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados por Guerrero, dice el fiscal.
Según Anticorrupción, "no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta de Andalucía que ponga de manifiesto si esas ayudas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas". Añade el dato de que Altadis sí que asumió parte de sus obligaciones en el resto de España.
En la concesión de la subvención "se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", la Junta no publicó ni existieron bases reguladoras y los sistemas elegidos por la Consejería de Empleo "para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar fueron totalmente discrecionales", según Anticorrupción.
Junto al exresponsable de Recursos Humanos de Altadis, Anticorrupción pide que sean imputados los firmantes del acuerdo de 3 de diciembre de 2004: por UGT Blanca Uruñuela -entonces responsable de Agroalimentación- y Francisco Fernández Sevilla y por parte de CCOO Antonio Perianes -entonces secretario de Agroalimentación de CCOO-A- y Francisco Figueroa. En caso de que Alaya acceda a abrir estas nuevas diligencias, se unirían a las 60 compañías ya investigadas, en un caso que además acumula 200 tomos, 80.000 folios y 186 imputados.
