La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de los ERE que divida la causa en piezas, una por cada ayuda investigada, y que eleve al Tribunal Supremo dos de ellas: la dirigida contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la referida a la Sierra Norte de Sevilla.
Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, alega razones de "equidad", la necesidad de "simplificar y activar" un caso que ya acumula 201 imputados y la recuperación de los fondos públicos apropiados.
La Fiscalía dice que la investigación sobre los expresidentes andaluces Chaves, Griñán y cinco exconsejeros "está agotada en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero", por lo que pide que se remita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En contra de la juez Mercedes Alaya, que cree que el sumario es "inescindible", la Fiscalía afirma que se debe elevar al Supremo "no toda la causa en su integridad", sino solo la relativa a los aforados - Chaves, Griñán y los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo- y otra pieza escindida, referida a las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla dado que en ella sería imputado de nuevo el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
Los ex altos cargos de la Junta serían imputados en el llamado "procedimiento específico", que según la Fiscalía permitió poner en manos de la Dirección General de Trabajo unos fondos que, al separar su concesión de su pago, "no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención".
La Fiscalía entiende que es posible llevar a cabo no sólo la instrucción separada de cada pieza sino también su enjuiciamiento, ya que la causa es "escindible no sólo por razones de índole procesal sino porque los propios hechos que son objeto de investigación así lo permiten".
Destaca que la tramitación tiene una situación "dispar", pues algunas piezas se encuentran en la fase final de su investigación y otro gran número ni siquiera se han iniciado, lo que ha creado una "doble velocidad" que alargaría la imputación de algunas personas y les obligaría a "un largo proceso judicial y al mantenimiento de medidas cautelares".
En su escrito, los fiscales Anticorrupción analizan el estado actual de los ERE y dicen que hay tres líneas de investigación: las ayudas concretas a cada empresa, la pieza de las sobrecomisiones que las aseguradoras cobraban a la Junta y el "procedimiento específico" que permitió pagar las ayudas sin control de la Intervención.
En cuanto a la formación de una causa para cada ayuda, dice Anticorrupción que "el elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones ya existentes, con una instrucción judicial avanzada", aconseja enjuiciar cada una por separado para "simplificar y activar" la causa y "recuperar los fondos públicos presuntamente malversados".
En las sobrecomisiones, también se puede investigar por separado el "enriquecimiento presuntamente ilícito de despachos de abogados, mediadores y agentes que intervinieron en la gestión de las ayudas", hecho "derivado de la falta de control de la cuantificación de las primas" que "sistemáticamente eran abonadas por la Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno".
En el momento actual, Anticorrupción pide elevar al TS el "procedimiento específico" y las ayudas a la Sierra Norte, sin perjuicio de que se remitan nuevas piezas si aparecen nuevos indicios contra aforados.
