La juez de Andorra que tramita la comisión rogatoria en el caso en el que se investiga a Jordi Pujol Ferrusola ha accedido a enviar los datos requeridos por el juez Pablo Ruz, con la advertencia de que sólo pueden ser usados si se investiga un delito de blanqueo vinculado a corrupción o apropiación indebida.
No se puede usar esa documentación si la investigación está relacionada con un delito fiscal, según consta en el auto remitido hoy al juzgado de Pablo Ruz, que esta semana se encuentra en Guatemala en comisión de servicios.
La juez de Andorra accede a cumplimentar la comisión rogatoria que le requirió el magistrado el pasado 29 de julio, pero acuerda suspender su ejecución por un plazo de 30 días para dar traslado a la partes y que aleguen lo que proceda para ejercer su derecho de defensa.
En esa misma resolución, según han informado hoy fuentes jurídicas, la juez andorrana da también 30 días de plazo a Banca Privada de Andorra para que aporte la documentación requerida por el juez de la Audiencia Nacional.
La juez recuerda además en su auto los límites legales de la comisión rogatoria a Andorra, fundamentalmente que la documentación requerida sólo podrá ser utilizada para perseguir delito de blanqueo de capitales vinculado a delito de corrupción o de tráfico de influencias y que, por lo tanto, no podrá ser empleada para perseguir delitos contra la hacienda pública o de blanqueo vinculado a delito fiscal.
El auto de la juez de Andorra se ha enviado hoy mismo a traducir y se ha dado traslado del mismo a las partes personadas: la defensa de Jordi Pujol Ferrusola y su ex mujer Mercé Gironés, a los que Ruz ha citado para interrogarles por primera vez como imputados por este caso, y a la Fiscalía Anticorrupción.
Ruz investiga desde enero de 2013 el movimiento de divisas efectuado por los imputados durante ocho años (2004-2012) en trece países y que supera los 32 millones de euros.
El juez de la Audiencia Nacional inició la investigación a Pujol Ferrusola a raíz de la denuncia que interpuso su ex novia, Victoria Álvarez, acusándole de hacer continuos viajes a Andorra con mochilas repletas de billetes.
En el auto en el que Ruz acordó citar por primera vez al matrimonio para el 15 de septiembre cursó también, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, una comisión rogatoria a Andorra para indagar los fondos de los que pudiera disponer Pujol Ferrusola y su ex esposa en Banca Privada de Andorra.
A través de esa comisión rogatoria, Ruz pretende recabar toda la documentación y la información a disposición de Banca Privada de Andorra de los productos bancarios y los fondos de los que pudieran haberse beneficiados los imputados o las cinco empresas investigadas.
En concreto se interesa por la información de titulares, apoderados y beneficiarios últimos, préstamos e hipotecas, cajas de seguridad, certificados de depósitos, bonos del tesoro, tarjetas de crédito y de débito, cheques bancarios, correspondencia y extractos de movimientos y soportes documentales.
Casi un mes después de haberse dictado ese auto, la familia del expresidente de la Generalitat presentaba en los juzgados de Andorra una querella por vulneración del secreto bancario, sin autor conocido, y un recurso contra la comisión rogatoria sobre los fondos de la familia en el Principado.
El interés por este caso se ha redoblado este verano a raíz del comunicado emitido el 25 de julio por el expresidente Jordi Pujol, en el que confesaba la ocultación durante 34 años de una fortuna en el extranjero que vinculó a una herencia de su padre, ajena a su testamento, y de la que habrían sido beneficiarios él, su mujer y sus siete hijos.
A raíz de este ya histórico comunicado, y en paralelo a la causa abierta por Ruz en la Audiencia Nacional, la titular del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona admitía a trámite una denuncia del sindicato Manos Limpias contra Pujol, y reclamaba al expresidente como primeras diligencias el testamento de su padre y la aceptación de la herencia por su parte y por la de su mujer Marta Ferrusola.
