La juez Mercedes Alaya ha dado un plazo de diez días a la Intervención General de la Junta de Andalucía para que, a través de la Guardia Civil, entregue los informes que haya realizado desde el año 2002 en adelante "para el programa 32D o cualquier otro programa presupuestario relativos a los cursos de formación", todo ello dentro de una investigación en la que hasta el momento están imputados los exconsejeros Antonio Fernández y Angel Ojeda.
En un auto, la magistrada pone de manifiesto que, en el recurso interpuesto por el propio Fernández contra el auto de su imputación, que fue desestimado, "se ha destacado el papel" de la Intervención General "tanto con carácter previo a los acuerdos del Consejo de Gobierno de autorización de las resoluciones de concesión directa de las subvenciones a la formación realizadas por el presidente del SAE, como el que pudo tener las resoluciones de exoneración de la justificación de las subvenciones concedidas".
Por ello, la juez Alaya ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue "las funciones que ha desarrollado la Intervención General de la Junta en las subvenciones otorgadas en concurrencia competitiva mediante bases y convocatorias, en las de concesión directa y en el control financiero periódico de tales subvenciones a la formación".
En este marco, la magistrada requiere a la Intervención General para que, a través de la Guardia Civil, aporte en un plazo de diez días los informes previos sobre bases reguladoras y orden de convocatoria, los informes previos a los acuerdos de Gobierno autorizando en su caso las resoluciones de concesión directa y los informes sobre control financiero periódico, así como los informes de conformidad o disconformidad.
En este sentido, pide a la UCO que recabe "explicación de la Intervención sobre el diferente tratamiento en la concesión cuando se trataba de subvenciones otorgadas por el SAE y cuando se trataban de subvenciones otorgadas por las delegaciones provinciales de Empleo, y si existieron algunas particularidades en la Delegación Provincial de Empleo de Sevilla, y asimismo explicación ajustada a la legalidad sobre las mencionadas exoneraciones y el papel que realizó la Intervención en el control financiero de tales subvenciones".
CITA COMO TESTIGO A TEODORO MONTES
La juez, asimismo, señala que "en el estado en el que se encuentran las actuaciones resulta de especial interés, a los efectos de aquilatar los conocimientos iniciales", el testimonio de Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta, a quien cita a declarar el próximo 9 de octubre, a las 10,30 horas, a fin de que ratifique la declaración prestada ante la Guardia Civil en la que aseguró que la Administración andaluza había adjudicado dinero de la formación de forma "arbitraria" a sindicatos, empresarios y fundaciones y que no había habido un control de estos fondos.
En el auto, además, la magistrada requiere a la Junta para que, a través de la UCO y en el plazo de cinco días, aporte el organigrama desde el 2008 a la actualidad "de los diferentes departamentos administrativos intervinientes en la fase de adjudicación, fase de gestión o control y fase de justificación de las acciones formativas, ya se traten de adjudicaciones provinciales o de adjudicaciones centrales correspondientes a la Dirección de Formación para el Empleo, con mención de sus distintos responsables".
