La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, afirma en sus últimos autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
En los autos de prisión, la juez dice que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero -al que el miércoles se dictó orden de reingreso en prisión- se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".
La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio".
Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
"SOBRECOMISIONES ELEVADÍSIMAS"
El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15 por ciento" a las del mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que ha ingresado en prisión esta mañana, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas -también encarcelado hoy- 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.
"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de esta, sus principales responsables", añade la juez.
PRISIÓN PARA TRES ACUSADOS
Alaya ha dictado prisión en las últimas horas para Juan Lanzas, Antonio Albarracín y Francisco Javier Guerrero, y en las próximas horas va a tomar declaración a ocho personas que permanecen detenidas desde el miércoles.
Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones.
TOMA DECLARACIÓN A OCHO DETENIDOS
La juez que investiga el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha decidido tomar declaración hoy a ocho personas detenidas el miércoles y trasladar a mañana sábado la de Juan Francisco Trujillo, el chófer que declaró haber comprado cocaína con las ayudas, y la de la esposa del sindicalista Juan Lanzas.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la toma de declaración a los imputados puede prolongarse hasta bien avanzada la noche, ya que a las 15.30 horas la juez aún no había llegado a su despacho y no había podido empezar a estudiar los correspondientes atestados de la Guardia Civil.
Además, debe resolver otras peticiones como la de José González Mata, exresponsable de la mediadora Uniter, quien ha pedido que se aplace su declaración de mañana ya que su esposa se encuentra gravemente enferma.
Las citadas fuentes han precisado que es muy posible que se dejen para mañana, sábado, las declaraciones como imputados de Juan Francisco Trujillo y Patrocinio Sierra, esta última esposa del intermediario Juan Lanzas -encarcelado hoy- e "intrusa" en los ERE de una empresa donde nunca había trabajado.
Entre los detenidos que pasarán hoy a disposición de Alaya se encuentran Eduardo Pascual, asesor de Vitalia en Barcelona; la directiva de esta empresa María Vaqué, María José Marcos, esposa de Antonio Albarracín, exresponsable de la mediadora Vitalia encarcelado también esta mañana; y un hijo de José González Mata.
BUSCAN UN ZULO EN UNA FINCA FAMILIAR DEL EX SINDICALISTA LANZAS
La Guardia Civil, que continúa con el registro de la vivienda de los padres del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, ubicada en la localidad jiennense de Albanchez de Mágina, se encuentra investigando un posible escondite en el que podría haber más dinero del ya hallado este jueves en el domicilio familiar.
De esta forma, el dinero podría estar en esta ocasión "enterrado en el suelo de la propiedad de grandes dimensiones, tipo chalé". Por ello, los agentes están empleando un geolocalizador al objeto de esclarecer "si los estratos de la tierra presentan distorsiones en la zona que se piensa que podría estar enterrado el dinero o la documentación que se haya podido ocultar".
Cabe recordar que este jueves canes detectaban la presencia de fajos de billetes cuyo valor asciende a los 82.000 euros, tal y como han indicado a Europa Press fuentes de la Benemérita después de que en la madrugada de este viernes la juez Mercedes Alaya haya ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del 'conseguidor' de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
De su lado, el abogado de Lanzas, Pablo Luna, ha negado que exista riesgo de fuga, tal y como ha argumentado la magistrada en el auto de prisión dictado esta madrugada. Atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez ha ordenado sobre las 6,50 horas de este viernes el ingreso en la cárcel de Sevilla I de Juan Lanzas -que se ha negado a declarar- por cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho.
La juez ha tomado esta decisión al entender que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Sin embargo, Luna ha manifestado a los periodistas que los 82.000 euros en metálico que la Guardia Civil ha intervenido en el domicilio familiar de Juan Lanzas -en concreto en sobres guardados en la caja de una máquina de escribir- iban destinado a que su familia "pudiera seguir viviendo" ante la previsión de que pudiera entrar en la cárcel.
UGT SE DESVINCULA DE LANZAS
La UGT-Andalucía ha aclarado hoy que Juan Lanzas, imputado por el caso de los ERE fraudulentos y que hoy ha ingresado en prisión, no tiene nada que ver con este sindicato desde el año 2002 y, además, ha precisado que los hechos que se le imputan "nada tienen que ver con su etapa como sindicalista".
En un comunicado, UGT-A sale al paso de las informaciones que vinculan a Lanzas con este sindicato, donde fue el secretario general de la federación de Alimentación, y afirma que "carece de rigor y perjudica gravemente la imagen de esta organización", por lo que pide a los medios que se dejen de referir a él como sindicalista de UGT Andalucía.
El sindicato asegura que es el "primer interesado en que se llegue hasta el final en el caso de los ERE y el lucro que, de forma ilícita y personal, han podido hacer determinadas personas cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores".
