Acuerdo entre PSOE y PP sobre la Ley de Derechos y Deberes de los militares

El PSOE y el PP han alcanzado un amplio acuerdo sobre el proyecto de ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que se ha escenificado ya en el texto que se votará el próximo martes en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, ya que incluye muchas de las enmiendas propuestas por el partido de la oposición, y que permitirá la aprobación del proyecto sin problemas para el Gobierno.

Muestra de este consenso es el hecho de que el principal partido de la oposición sólo mantendrá para su votación en la Comisión tres de las más de 50 enmiendas que presentó originalmente, según han informado a Europa Press fuentes 'populares'.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, incluye un buen número de enmiendas 'transaccionadas' entre los diputados que han formado parte de la ponencia encargada de redactar el informe sobre el proyecto. La mayoría de las modificaciones son fruto, principalmente, del acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, aunque también algunos cambios han sido sugeridos por el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.

De esta manera, el texto que votarán los diputados en la Comisión de Defensa y que después será elevado al Pleno del Congreso, junto a las enmiendas que, en su caso, se incluyan, incorpora algunos cambios sustanciales respecto al proyecto elaborado por el Ejecutivo.

LIBERTAD RELIGIOSA Y DE EXPRESION

En concreto, en el capítulo de las libertades incluye expresamente una mención a la libertad religiosa y matiza la libertad de expresión, señalando que los límites derivados de la disciplina se aplicarán "en los asuntos estrictamente relacionados con el servicio en las Fuerzas Armadas".

De esta manera, se elimina la anterior redacción que aplicaba las restricciones a la hora de "tratar asuntos referidos a decisiones y disposiciones de los poderes públicos, de los Tribunales de Justicia y de las autoridades y mandos militares que estén relacionados con el servicio o la condición militar".

Por lo que se refiere a los derechos, el texto que se someterá a votación modifica también el derecho a la intimidad, que originalmente fue condicionado a "las posibilidades que permitan las características de las distintas unidades y las circunstancias en que tengan lugar las operaciones".

La nueva redacción garantiza que el militar "tiene derecho a la intimidad personal" y agrega que "en el ejercicio y salvaguarda de este derecho se tendrán en cuenta las circunstancias en que tengan lugar las operaciones".

En el capítulo de la neutralidad política y sindical, cambia la prohibición del militar a "realizar actividades políticas" por el mantenimiento de "una estricta neutralidad pública en relación con la actuación de los partidos políticos". Además, matiza el derecho de reunión, acotando su prohibición a la participación "activa" en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical.

Con todo, el capítulo que más cambios ha sufrido en su paso por la ponencia es el referente al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ya que se incluye en el texto las enmiendas ofrecidas por la mayoría de los grupo de la oposición para dotar de funciones a este órgano, carente de ellas en la propuesta del Gobierno.

Además, se incluye que los representantes de las asociaciones en el Consejo de Personal tendrán el derecho a "no ser discriminados en su promoción profesional" por esta labor de representación, así como a disponer "créditos de tiempo para el ejercicio de sus cometidos en la preparación de los temas, elaboración de propuestas y posible pertenencia a grupos de trabajo del Consejo".

También se han pactado nuevas competencias para el Observatorio de la vida militar, al que se faculta para realizar anualmente un "análisis específico sobre los elementos que configuran la carrera militar, los reconocimientos con carácter honorífico y los correspondientes procesos de transición" derivados de la Ley de la Carrera Militar. El informe resultante será presentado ante la Comisión de Defensa y podrá incluir sugerencias que afecten a normas legales y reglamentarias.

Ésta ha sido la única concesión del Grupo Socialista respecto a las críticas del resto de partidos a la Ley de la Carrera Militar y a las peticiones de que se aprovechara el trámite de la ley de derechos y deberes para modificar algunos de los aspectos más conflictivos de la anterior ley, en vigor desde el 1 de enero de 2008.

De hecho, estas enmiendas no podrán ser votadas siquiera, ya que el Gobierno ha alegado razones presupuestarias para impedir su admisión a trámite. Consideraba el Ejecutivo que su aceptación supondría un aumento del gasto público.

EL PP QUIERE UNA NUEVA LEY DE LA CARRERA EN SEIS MESES

No obstante, una de las tres enmiendas que el PP llevará a la Comisión de este martes exige al Gobierno que remita al Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses un proyecto de ley que modifique la Ley de la Carrera Militar y, en concreto, el actual sistema de integración de escalas, estableciendo un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso.

Otra de las enmiendas que mantiene el PP pide que se vele por "a escolarización de los hijos de los militares, la salvaguarda de sus lenguas maternas y la no imposición de escolarización en aquellas lenguas cooficiales de comunidades autónomas cuando no fuera las suyas".

Para el PP, éste es un "problema real" que causa "graves trastornos" a las familias de los militares y en especial a sus hijos menores, por lo que debería ser atendido. No se contenta este partido con la propuesta de los socialistas, que han introducido en el proyecto la protección a "la escolarización" de los hijos, sin hacer mención expresa a las lenguas.

Después de su votación en la Comisión de Defensa, el texto resultante será llevado al Pleno el día 3 de mayo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Después, será remitido al Senado, donde también podrá ser objeto de modificaciones. De no producirse cambios, el proyecto de ley podría ver la luz verde definitiva en la Cámara Alta.