Varios peritos propuestos por las defensas de los 65 usuarios de las tarjetas de Caja Madrid han dudado hoy de la validez de las hojas de cálculo con los gastos al cuestionar la cadena de custodia de los datos, y han reiterado que el hecho de que no existan justificantes acredita que las visas eran una retribución.
El perito tecnológico David Imízcoz ha explicado que el polémico excel aportado por Bankia no reúne los requisitos propios de una prueba tecnológica ya que carece del proceso de evidencia electrónica y de criterios que garanticen que los datos no han sido alterados.
El experto, propuesto por el exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín ha señalado que teniendo en cuenta que la titularidad de los datos relativos a las tarjetas pertenecía a la extinta caja y después a su fundación, Bankia, como entidad independiente, tendría que haber pedido el consentimiento de los usuarios de las visas.
Aunque no ha podido determinar si finalmente se preservó o no la seguridad de este proceso, al considerar el tribunal que eso es competencia de la sala, ha puesto en duda que la entidad velase por la correcta cadena de custodia "desde que se inicia la extracción de información hasta que se presenta el informe forense".
No obstante Imízcoz, que ha calificado de "documento ofimático" a la principal prueba inculpatoria, ha indicado que los excel deberían haber identificado los comercios en todos los casos para garantizar su total validez, y ha dicho que no pudo comparar los cargos con aquellos que aparecían en la contabilidad de la entidad ya que no tuvo acceso a ésta.
El catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Castilla-La Mancha Jesús Santos Peñalver, ha reiterado que las tarjetas tenían una "naturaleza de remuneración a favor del beneficiario" y estaban correctamente contabilizadas.
"Todos los organismos de control y auditoría, tanto internos como el propio Banco de España, tenían a su disposición información sobre estas cuentas", ha explicado el perito a propuesta de los exconsejeros Estanislao Rodríguez Ponga y Francisco Baquero, que ha añadido que en 2011 y 2012 los gastos se cargaban a la Fundación Caja Madrid, y no a Bankia.
Ello avalaría la tesis de varios de los acusados, que no han querido reconocer a Bankia como heredera de Caja Madrid ni su legitimidad para presentar reclamación alguna.
Al comienzo de la sesión, el tribunal que preside la juez Ángela Murillo ha incorporado un documento relativo a las retribuciones del Consejo de Administración y del Comité de Bankia tras admitir la petición de la defensa de Ildefonso Sánchez Barcoj, que considera que el peritaje realizado por la entidad estaba basado en documentación incompleta. El juicio se retomará mañana, jornada en la que intervendrán los últimos peritos propuestos por las defensas.
