El número de inmigrantes que vive en la Comunidad de Madrid ha descendido un 5,8 por ciento en lo que va de año y sitúa en la actualidad en las 956.383 personas, a niveles de enero de 2006, según un informe de la Federación Estatal de asociaciones de inmigrantes y refugiados en España (Ferine) presentado recientemente a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid.
Este descenso del número de extranjeros de la región es reflejo de la crisis económica y al paro. De hecho, según el estudio, el 40 de los desempleados de la Comunidad es inmigrantes, "que en la mayoría de los casos asumen esta situación de desempleo sin contar con redes sociales o familiares de apoyo".
La falta de empleo conlleva, en muchos casos, la imposibilidad de pagar los créditos para la vivienda y, por tanto, el desahucio. Otro efecto, según explican, es que la falta de trabajo conlleva a la pérdida de documentación y, por tanto, "se está produciendo un aumento alarmante de la irregularidad administrativa".
Por ello, Ferine solicita al Gobierno paralice los desahucios y que se aplique la renovación de los permisos de residencia y trabajo, independiente del tiempo mínimo cotizado.
Y en el caso de las personas indocumentadas, piden flexibilizaciones para que puedan regularizar su situación, que actualmente sólo puede hacer bajo contrato de trabajo de un año "y con los tiempos que corren la precaridad hace que este tipo de contratos ni a los españoles se les otorga".
La Federación de inmigrantes también ha criticado la pérdida del derecho a la tarjeta sanitaria de 873.000 extranjeros residentes en España tras las reformas del Gobierno central en esta materia.
"La pérdida de la tarjeta sanitaria y la marginación al acceso a los servicios de salud es un grave problema que ya le ha constado la vida a algunos inmigrantes, entre ellos al ciudadano senegalés Alpha Pam en Baleares. Por ello, y antes de que en Madrid se produzcan muertes como la de este joven, solicitamos que desde esta Comunidad se exija al Gobierno central que derogue este real decreto", ha añadido.
Otro de los problemas que señalan son las redadas policiales. Así, Ferine apunta que sólo el año pasado se contabilizaron 1.142 actuaciones de este tipo en lugares públicos de la capital, "que tiene como objetivos amedrentar a las personas inmigrantes, y bajo el paraguas de 'operativos policiales' se esconden acciones xenófobas y racistas, que van legitimando unas acciones cada vez más crecientes en contra del colectivo y que hace crecer en la población un sentimiento xenófobo y racista, que empieza peligrosamente a dañar la convivencia en barrios y espacios públicos con resultados insospechados".
En esta misma línea, critican la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), por lo que exigen "el cierre inmediato de estos Guantánamos españoles, donde se vulnera y violenta la dignidad humana".
POCAS FACILIDADES PARA EL RETORNO VOLUNTARIO
Otra de las dificultades que encuentran los inmigrantes madrileños, según el informe, es la "escasez de facilidades para el retorno voluntario". "Losa recursos para este fin son pocos y no alcanzan. Además, no existen iniciativas gubernamentales con los países de origen para buscar soluciones conjuntas. En eso el Gobierno español y el Ministerio de Asuntos Exteriores han sido desacomedidos en la búsqueda de soluciones", ha añadido.
Así, denuncian que no existan, por ejemplo, vuelos chárter para repatriar a números más grandes de personas "con costes más bajos", políticas aduaneras de excepción para que los que retornen puedan llevarse enseres y herramientas de trabajo más allá de los 23 kilos que imponen las líneas aéreas.
La Federación Estatal de asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España también han levantado la voz ante "los intentos de la Administración de imponer la realización de exámenes de españolidad, así como la pretensión de que el ministro de Justicia tenga la facultad de derogar las nacionalidades española concedidas a personas de origen inmigrante".
"Sin que medien decisiones judiciales de por medio se pretende ahora obligar a los nacionalizados a no involucrarse en la lucha de sus derechos ante el riego de perder su calidad ciudadana. Denunciamos esta iniciativa que vulnera la igualdad ante la ley, que la Constitución española certifica. Y con esta reforma jurídica se quiere crear una categoría de españoles de primera y de segunda. Esto es inaceptable y lo rechazamos abiertamente", han apostillado.
Por todo ello, la Federación de inmigrantes aseveran que lo que se busca es "invisilizarles y hacerles responsables de los efectos de la crisis actual". "Pretenden que dejemos de ser personas, que seamos sólo manos de obra barata y desechable. Reivindicamos nuestro espacio en esta sociedad, en la que nos sentimos responsables y partícipes de la misma", han concluido.
