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Dos mujeres de 28 y 24 años, que en 2008 gastaron 800 euros con una tarjeta robada, ingresarán el miércoles en prisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado sus condenas a dos años y cuatro meses por un delito continuado de estafa y otro de falsedad documental. Ainhoa Valdés e Irene García, que entonces tenían 21 y 18 años, tienen de plazo hasta este miércoles para entrar en la cárcel para cumplir la condena que les impuso el Juzgado de lo Penal 23 de Madrid y ratificó la Audiencia Provincial, según ha confirmado a Efe su letrado.

Están acusadas de un delito continuado de estafa, por utilizar varias veces una tarjeta robada, y de falsedad en documento mercantil, por hacerlo usando documentación de otra persona.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2008, cuando según el relato de las jóvenes que entonces iban acompañadas por una menor de 16, se encontraron con un hombre que les ofreció una tarjeta de crédito para que comprasen lo que quisieran en El Corte Inglés. También les dio un DNI que correspondía a la titular de la tarjeta.

Aunque dudaron, acabaron cometiendo lo que consideraron una travesura: entraron en el centro comercial y gastaron poco más de 800 euros en media hora entre perfumes y aparatos tecnológicos como móviles.

A la salida del centro las tres fueron arrestadas, mientras que el hombre que les había dado la tarjeta huyó.

El Juzgado de lo Penal 23 de Madrid dictaminó en 2010 que ambas habían incurrido en los citados delitos y condenó a cada una a dos años y cuatro meses de prisión.

"FUE UNA TONTERÍA, IR A LA CARCEL ES ABUSIVO

"Fue una tontería. Nunca lo habíamos hecho ni lo volvimos a hacer. Ir a la cárcel es abusivo", explica una de las dos jóvenes que ingresará en prisión el miércoles por haber gastado 800 euros con una tarjeta robada hace siete años que les ofreció un hombre que no conocían.

Irene García Arriero, de 24 años, explica así a Efe cómo ha sido su historia desde que el 13 de agosto de 2008, cuando acababa de cumplir 18, decidió junto a Ainhoa Valdés aceptar el ofrecimiento de un hombre, al que no conocían, de comprarse unos caprichos con una tarjeta de crédito que no era suya.

Irene solo conocía de vista a Ainhoa -que en ese momento tenía 21 años- y ese día estaban juntas, con una chica menor de edad, en un parque del barrio de Legazpi de Madrid cuando un hombre se les acercó proponiéndoles que comprasen lo que quisieran con una Visa Oro. La condición era que también comprasen algo para él, como un ordenador portátil.

La tarjeta que les mostró era de una mujer y las dos jóvenes pensaron que utilizarla "era algo malo", pero se animaron "por una tontería, una chiquillada, pensando que no tendría mayores consecuencias"."No compramos nada muy caro, solo un móvil y un MP3 para escuchar música... cosas que nuestros padres no se podían permitir", relata la joven.

Primero compraron sus "caprichos" y luego volvieron a entrar al centro comercial a por el portátil que quería el hombre, momento en el que la dependienta no pudo pasar la tarjeta porque saltó el límite, y entonces reparó en las chicas jóvenes utilizando una Visa Oro.

Ahí las detuvieron y en el proceso judicial pidieron para ellas un año y nueve meses de cárcel porque había sido la menor de edad que acompañaba a Irene y Ainhoa la que firmó los recibos de compra, según se comprobó al revisar las cámaras de seguridad.

Pero finalmente "alguien tenía que responder por haber firmado" esos recibos y, al ser la tercera joven menor, fueron en ella y en Ainhoa en quienes recayeron los delitos de estafa continuada y falsedad documental, por los que las condenaron a dos años y cuatro meses de prisión.

Irene critica que la abogada del turno de oficio que tuvieron en esa época aceptó la condena sin poner pegas durante el juicio y, cuando le preguntaron qué podían hacer para evitar entrar en prisión, les dijo que fueran al Ministerio de Justicia y pidieran un indulto, lo que hicieron "como pudieron", preguntando a una persona que había en la cola para hacer este trámite.

La sentencia condenatoria es de noviembre de 2011 y pasado un tiempo las requirieron para ingresar en prisión, cosa que Ainhoa hizo durante unos meses, hasta que la dejaron salir en espera de que se resolviese el indulto planteado, y que Irene no hizo porque tenía un hijo de un mes.

Ese primer indulto fue rechazado y entonces ellas buscaron a un abogado de pago que recurrió su ingreso en prisión ante los juzgados y presentó otro indulto ante le Ministerio.

El letrado incide en que ambas solo delinquieron esa vez, siempre han trabajado y están reinsertadas, por lo que entrar en la cárcel tendría para ellas "graves consecuencias" y supondría "un instrumento de desestructuración", según consta en el escrito al que ha tenido acceso Efe.

Irene corrobora que ella siempre ha trabajado, ha reconocido el error y ha pagado los 1.600 euros de multa y los 400 de responsabilidad civil que le exigieron, y sostiene que entrar en la cárcel por esos delitos, y además siete años después, es "injusto y abusivo"."Es un sinvivir, no puedes hacer nada, y además nosotras no tenemos nada que ver con las personas que están ahí", dice preocupada.

Asume que el miércoles debe entrar en la cárcel a la espera de que se resuelva el indulto y el recurso interpuesto.