A la espera de sentencia tras la vista oral sobre la huelga salvaje de los trabajadores de metro

Los trabajadores de Metro de Madrid que "incitaron e incumplieron de forma grave" la disciplina de la empresa durante la huelga del pasado junio al no cumplir los servicios mínimos establecidos "tendrán su sanción correspondiente", incluido el despido. Así lo ha dicho hoy el consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, coincidiendo con la vista por la demanda que Metro presentó en noviembre pasado y en la que pide que se declare "ilegal y abusiva" la huelga del 29 y 30 de junio por incumplimiento de los servicios mínimos. Además, en la demanda contra CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato de Conductores (SCMM), Sindicato Libre (SLMS), Sindicato de Técnicos, Sindicato de Estaciones, el comité de huelga y el comité de empresa, la compañía reclama 6,5 millones de euros de indemnización.

El directivo de Metro ha subrayado hoy que "en defensa" de los madrileños "no podemos permitir" que se vuelvan a producir situaciones como las vividas en junio y que provocaron que más de 2,5 millones de viajeros no pudieran utilizar el suburbano. Por ello ha pedido que la Justicia actúe contra quienes provocaron esa situación e impidieron que los madrileños tuvieran una movilidad "normal y cotidiana" esos dos días.

"Queremos que la Justicia declare la huelga (del 29 y 30 de junio de 2010) ilegal y abusiva", ha sentenciado el consejero delegado de Metro, González Velayos, tras reclamar una nueva Ley de Huelga que establezca "claramente" las sanciones de caso de incumplimiento de los servicios mínimos.

González Velayos ha desligado el juicio con el procedimiento disciplinario que desarrolla la empresa. Sobre este aspecto ha explicado que todos los trabajadores que incumplieron los servicios mínimos "han tenido una sanción disciplinaria que se ha anotado en su expediente".

Además, actualmente se "está cerrando" otro tipo de expedientes que tienen la sanción de despido y que están en la fase de recurso por parte de los interesados.

Aunque no ha concretado la cifra de trabajadores que pueden verse afectados por el despido, ha explicado que va entre los miembros del comité de huelga y aquellos que incumplieron gravemente los servicios mínimos al no acudir a su puesto de trabajo y no realizar las labores de mantenimiento necesarias.

VISTA EN LOS JUZGADOS

Este jueves se ha llevado a cabo la vista oral por la demanda que interpuso Metro de Madrid contra los promotores de la "huelga ilegal" que se desarrolló en el mes de junio en el suburbano madrileño, en la que los sindicatos incumplieron los servicios mínimos durante dos días en los que la ciudad quedó prácticamente colapsada.

La compañía presentó el pasado mes de noviembre ante los Juzgados de lo Social una demanda contra el comité de huelga, el comité de empresa y los sindicatos que convocaron la huelga en el suburbano con el fin de que reconozca la "ilegalidad" de los paros que se llevaron a cabo los días 29 y 30 de junio, donde se incumplieron los servicios mínimos.

La intención del Gobierno regional es declarar "judicialmente" que la huelga en estos dos días "fue ilegal e ilícita por su carácter abusivo ante la llamada que los sindicatos hicieron a los trabajadores para el no cumplimiento de los servicios mínimos".

DEMANDA CONTRA LOS CINCO SINDICATOS

En concreto, la demanda se dirige a los cinco sindicatos que convocaron la huelga --Sindicato de Conductores, CC.OO., UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre--, contra los diez miembros que componían el Comité de Huelga y contra el comité de empresa. Esta demanda llegó después de que la dirección de la compañía y los sindicatos celebraran un acto de conciliación el pasado mes de agosto en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid en el que ambas partes no llegaron a un acuerdo.

En aquel momento, Metro de Madrid reclamó 6,5 millones de euros de indemnización por daños y perjuicios durante los días sin servicios mínimos a los cinco sindicatos convocantes y a los miembros de su comité de huelga.

De esos 6,5 millones de euros, 5,5 correspondían a "lo que se dejó de percibir" durante esos dos días de incumplimiento de los servicios mínimos. El millón restante vendría a compensar los daños de imagen a la compañía.

EXPEDIENTES

Durante una sesión de control celebrada el pasado mes de diciembre en el Pleno de la Asamblea de Madrid, el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, explicó que la huelga de Metro fue legal hasta el día 29 cuando, al no acudir a sus puestos de trabajo, hubo empleados que incumplieron los servicios mínimos. Como consecuencia de esto, 648 fueron expedientados.

Durante su intervención, Echeverría aclaró que no se va a sancionar de la misma manera a todos los trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo, sino que Metro "ha valorado expedientes de forma individualizada y equilibrada".

De este modo, precisó que por una parte se encuentran aquellos empleados que "formaron el Comité de Huelga y empujaron a sus compañeros a incumplir los servicios mínimos"; por otro, los que "se ausentaron e incumplieron los servicios mínimos" y aquéllos cuya "conducta ha merecido que acaben en Fiscalía o en el Juzgado".

Los sindicatos esperan que la dirección de Metro "aplique el sentido común" respecto a los últimos expedientes de Metro por la huelga sin servicios mínimos del pasado mes de junio y que no tomen medidas que "pueden tener muy preocupantes consecuencias".

El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, señaló que de aplicarse esta medida podría haber "preocupantes consecuencias", por lo que ha abogado por la "negociación" como camino para "solucionar el problema"."Una vez solventado el conflicto que llevó a esa huelga, lo mejor es que impere la negociación", afirmó. Además, recordó que paralelamente se está celebrando un juicio en el que se dictamina si los servicios mínimos impuestos son legales o no, por lo que se ha preguntado qué pasará si los tribunales dictaminasen finalmente que no son lícitos. "*A quién habría que pedir responsabilidades?", insistió.

Por su parte, el secretario general de CC.OO. Madrid, Javier López, se mostró prudente y dijo que por el momento, a los sindicatos "no les consta" que haya alguna sanción definitiva en ese sentido. "Hay 645 expedientes archivados con una mención de que faltaron ese día, y luego quedan otros diez pendientes de resolución", según explicó.

De todas formas, confió en que ya que una vez se pudo llegar a un consenso con la dirección respecto a la reducción de las nóminas de los trabajadores, se pueda volver a negociar una salida a esta situación. "Creo que hay que dejar actuar a la justicia y esperemos que la decisión de la Comunidad de Madrid sea sensata y equilibrada", aseveró.