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La alcaldesa electa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha informado en Telemadrid que un juez impidió ayer con una orden de medidas cautelares, el traslado y destrucción de documentación procedente del Ayuntamiento de Aranjuez. Martínez ha confirmado que un juzgado de Instrucción de la localidad ha paralizado el "traslado" de documentos oficiales desde el Ayuntamiento después de una denuncia que interpuso ayer el PP en Comisaría de Policía Nacional.

La denuncia se interpuso ante la Comisaría, que inmediatamente dio traslado a los juzgados del municipio, desde donde se pidió que se tomara declaración a los dos operarios que fueron localizados realizando la actividad, así como que se diera traslado "de la documentación incautada", según Martínez.

Martínez ha asegurado que junto a la denuncia se han presentado pruebas "fotográficas" que demostrarían que, desde hace diez días aproximadamente, hay operarios que sacan documentos desde el Ayuntamiento que, posteriormente, suben a un camión de grandes dimensiones para trasladarlo al Punto Limpio.

La 'popular' ha asegurado que la denuncia por este hecho, del que también advirtieron varios vecinos, se ha llevado a efecto ante el "temor" de que esta documentación tuviese como destino la "destrucción", puesto que, según ha recordado, en el Ayuntamiento se guardan documentos y expedientes de carácter público.

En este punto, Martínez ha catalogado el traslado y presunta destrucción de documentos como una "absoluta aberración en un estado democrático de derecho" y ha manifestado que tratará de impedir "esta despedida tramposa del alcalde socialista Jesús Dionisio".

Por su parte, fuentes del Gobierno local en funciones han informado de que los dos trabajadores que ayer fueron requeridos por Policía Nacional se encontraban sacando "fotocopias de actas de Plenos" de la anterior legislatura, "papeles viejos" que estaban llevando al Punto Limpio para su reciclaje.

Según un comunicado municipal, "tras ser abordados por los agentes, los trabajadores entregaron las fotocopias de las actas, que fueron trasladadas a la Comisaría para ser investigadas, tal y como había solicitado el Partido Popular en su denuncia".

El portavoz del Gobierno, José Luis Moreno, ha asegurado que "María Josefa Martínez no hace más seguir la estrategia política dictada desde Génova, que con su gamberrismo político y falta de lealtad institucional, trata de ensuciar la actividad política en un momento en el que lo que menos necesitan los ciudadanos son estas formas de actuar".

AUDITARÁ LA DEUDA DEL AYUNTAMIENTO

Asimismo, el PP ribereño acudió a la Justicia para interponer un recurso contencioso-administrativo en el juzgado solicitando la adopción de "medidas cautelares" contra los decretos de pago aprobados por el alcalde en funciones, Jesús Dionisio (PSOE), que los 'populares' cifran en torno a los 8 millones de euros.

La alcaldesa electa de Aranjuez, María José Martínez (PP), ha anunciado que tras tomar posesión del cargo ordenará a una "auditoría externa" que certifique la deuda viva del Ayuntamiento que se estima en 162 millones de euros, al tiempo que acusaba de "obscurantismo" la política llevada a cabo por el anterior alcalde, el socialista Jesús Dionisio, a quien dicen solicitaron en diversas ocasiones datos y documentación al respecto, a la que se les ha impedido acceder.

Los 'populares' han asegurado que el recurso contencioso-administrativo tiene como objetivo "evitar los pagos que pretende hacer el Gobierno municipal socialista saliente para ahogar la economía de Aranjuez" y han adelantado que, "con la Ley en la mano, el nuevo Gobierno municipal no dará cumplimiento a decisiones que hayan vulnerado las acciones normales en un gobierno en funciones".

El recurso judicial prevé impedir que se lleven a efecto dos Decretos de Ordenación de Pagos, cuya dación de cuenta se produjo en la Junta de Gobierno del día 31 de mayo, así como un tercero "en ciernes" que permitiría "disponer y extraer de las arcas municipales un montante cuyo importe finalmente rondaría los 8 millones de euros", según el PP.

"Miraremos hasta debajo de las alfombras y la auditoría no sólo sacará a la luz el estado de cuentas real del Ayuntamiento, sino también desvelará qué documentos faltan", ha agregado María José Martínez.

Por su parte, fuentes municipales han restado importancia al recurso interpuesto por los 'populares' y han asegurado que los decretos de pago, que ascenderían a 5 millones, están justificados por ser abonos "normales" correspondientes a cantidades "habituales todos los años por estas fechas, dado que hay que pagar las fiestas de San Fernando, los aplazamientos del IRPF de Hacienda y los créditos bancarios y las subvenciones culturales y deportiva

IGNACIO GONZÁLEZ: SERÍA BUENO QUE EL TRASPASO DE PODERES EN LAS ADMINISTRACIONES SE HICIERA CON "TRANSPARENCIA"

MADRID, 09 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y portavoz en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado este jueves que "sería bueno" que el traspaso de poder en aquellas administraciones que en los próximos días cambiarán de color político tras los resultados del 22 de mayo se haga "con transparencia" para "evitar dudas o preocupaciones" entre los ciudadanos.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha sido preguntado por el caso concreto de Aranjuez, donde un juez ha decidido paralizar el traslado de documentos que se estaba llevando a cabo por parte del Ejecutivo saliente tras la denuncia del PP.

Desde su punto de vista, "sería bueno" que ante un relevo institucional "se tuviese un especial cuidado en hacer las cosas con la mayor transparencia posible precisamente para tratar de evitar que se produzcan situaciones que puedan generar algún tipo de duda o de preocupación por parte de los ciudadanos y de las distintas opciones políticas que van a asumir responsabilidades en algunas administraciones".

A renglón seguido, ha considerado que denuncias como la que se han producido en el Consistorio arancetano "deberían de no producirse" porque "no es bueno". Por ello, ha dicho que "con carácter general", espera que "triunfe el sentido común, la transparencia y el traspaso racional de poderes en los sitios en los que se vaya a producir".