El caso de la guardería Pecas de Pozuelo supera las 1.800 presuntas agresiones y actos vejatorios a menores

Las familias afectadas por el caso de la guardería Pecas de Pozuelo de Alarcón han identificado más de 1.800 presuntas agresiones y actos de naturaleza denigrante contra menores en las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro infantil, que permanece cerrado.

Las acusaciones particulares han presentado nuevos escritos ante el juzgado después de analizar aproximadamente dos meses de imágenes. Según fuentes jurídicas, los abogados de las familias han localizado centenares de secuencias adicionales en las que describen posibles episodios de violencia física y comportamientos que consideran vejatorios para los pequeños.

Entre las conductas detectadas figuran presuntas agresiones, pero también prácticas relacionadas con la higiene y el cuidado de los niños, como tirar los chupetes al suelo para después volver a dárselos, cambiar pañales sin utilizar toallitas para limpiar a los menores o emplear elementos sucios durante su aseo.

Las acusaciones consideran que estos comportamientos, aunque no todos impliquen agresiones físicas ni tengan la misma gravedad, podrían tener relevancia penal por el trato dispensado a los niños.

La Fiscalía pide limitar los hechos investigados a 110

La aparición de nuevas secuencias se produce en plena controversia sobre el alcance de la investigación. La Fiscalía ha solicitado que se delimiten a 110 los hechos objeto de instrucción, al considerar necesario concretar las conductas atribuidas a cada una de las investigadas y evitar que se pueda generar indefensión a las defensas.

Anteriormente, la jueza había ampliado hasta aproximadamente 350 el número de hechos investigados. Una de las defensas recurrió esta decisión y el Ministerio Público se adhirió posteriormente al recurso.

Mientras tanto, las acusaciones particulares han seguido examinando las grabaciones y han presentado distintos escritos para incorporar nuevas imágenes que, a su juicio, podrían acreditar otros posibles delitos.

La causa afecta a siete personas, entre ellas responsables de la dirección de la escuela infantil y educadoras, por su presunta participación en los hechos o su relación con la atención dispensada a los menores.

Una trabajadora en prácticas destapó el caso

La investigación comenzó hace casi tres años, después de que una trabajadora en prácticas denunciara los presuntos malos tratos que, según su testimonio, se producían en la guardería. La empleada aportó grabaciones realizadas de forma clandestina en las instalaciones.

Posteriormente, la Policía Nacional analizó tanto esos vídeos como las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del centro. Las pesquisas permitieron detectar presuntas agresiones, zarandeos, humillaciones y situaciones en las que los pequeños no habrían recibido la atención necesaria por parte de las cuidadoras.

En junio de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la validez de las grabaciones y confirmó la orden de alejamiento de dos cuidadoras respecto a la escuela infantil. Los magistrados consideraron que las imágenes permitían identificar a las trabajadoras y reflejaban actuaciones presuntamente bruscas con los menores.

Entre las escenas examinadas figuraban episodios durante la siesta en los que algunas cuidadoras supuestamente empujaban a los niños contra las colchonetas, les presionaban la cabeza o los cubrían con sábanas, incluso por encima de ella.

La investigación judicial contempla posibles delitos de trato vejatorio, lesiones y omisión del deber de socorro, entre otras infracciones que pudieran apreciarse. En el procedimiento figuran 21 menores, de hasta tres años, como posibles víctimas.

La escuela infantil Pecas cerró sus puertas en febrero de 2024, después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón detectara irregularidades urbanísticas y construcciones destinadas a impartir clases sin la correspondiente licencia.