La vida en la calle pero también en un albergue, en una chabola o en una casa a punto de ser desahuciados son algunas de las realidades que afrontan las personas sin hogar y a las que Cuarto Mundo quiere dar voz con 'Realojando derechos', una campaña que busca mejorar la política de vivienda en Madrid.
Una de estas personas es Antonio (nombre ficticio), que a sus 37 años no ha tenido la oportunidad de residir con su propia familia en una vivienda digna.
"Todo esto es un infierno (...) nadie lo entendería jamás, es un día a día que hay que vivirlo", cuenta a Efe.
Antes de cumplir la mayoría de edad, vivía con su actual pareja (entonces también menor), su madre, la pareja de su madre, sus dos hermanos y un sobrino en el poblado chabolista de Las Barranquillas, en Madrid.
Su madre fue realojada en 2001 por el Instituto de Realojamiento e Integración Social (Iris) de la Comunidad de Madrid en una vivienda de protección oficial de Alcalá de Henares, donde llegaron a vivir cerca de 20 personas, entre ellos el propio Antonio.
Perdió su empleo y lo desalojaron de esta casa porque, según le explicaron desde el Iris, "el contrato se firmó para una determinada gente".
A partir de ahí, Antonio buscó otras alternativas para residir junto a su pareja y la hija de ambos, que entonces tenía menos de dos años.
Vivieron en una chabola, de okupas en una vivienda, en casas de familiares, en una caseta de obra y en la parte de atrás de un camión aparcado en un polígono industrial de Alcalá de Henares.
En la actualidad, Antonio reside en una caseta de obra ubicada en esta localidad madrileña junto con su pareja y sus dos hijos: una niña que ya tiene once años y un niño de tres.
Sin trabajo, sobrevive gracias a la renta mínima de inserción, pero se queja de las "trabas" de la administración para solicitar una vivienda (ahora está pendiente de que le asignen una) al pedir una documentación que es "prácticamente imposible de conseguir".
Además, asegura que los poderes públicos "no escuchan" la demandas y necesidades específicas de las personas sin hogar, como él.
Una opinión que comparten desde la organización Cuarto Mundo, que con la campaña 'Realojando derechos', centrada en la Comunidad de Madrid, instan a los responsables políticos a tener en cuenta a las personas sin hogar en la toma de decisiones.
Para ello, redactarán un informe con propuestas de mejora sobre las políticas de vivienda a partir de un diagnóstico que prevén elaborar de forma conjunta con todos los colectivos en situación de gran exclusión, como los sintecho.
En esta categoría incluyen no sólo a las personas que viven en la calle, sino también en una chabola, en un albergue, de okupas o en una casa a punto de ser desahuciados.
"Cuando rechazan recursos (públicos) se les culpabiliza", lamenta Daniel García, responsable de la campaña, que hasta el 10 de diciembre busca financiación para su puesta en marcha.
La prohibición de animales de compañía en los albergues, la "imposición de normas" o el ofrecimiento de viviendas "que no están adaptadas a las necesidades" de los sintecho son algunos de los asuntos sobre los que llaman la atención desde Cuarto Mundo.
Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital aseguran que sí tienen en cuenta la realidad concreta de cada persona sin hogar a la hora de asignar recursos públicos.
"Valoramos cada situación a nivel individual", sostiene el jefe del departamento de Samur Social y atención a personas sin hogar del Consistorio, Darío Pérez.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Madrid ofrece 400 plazas en albergues municipales a los alrededor de 760 sintecho que calculan que viven en la capital y otras 600 en pensiones y pisos que prevén aumentar con 20 más como parte del programa 'Housing first'.
Una iniciativa que va a poner en marcha el Gobierno regional, que esta semana ha aprobado un plan estratégico para personas sin hogar con 76 medidas al que va a destinar 170 millones de euros hasta 2021.
"El objetivo es pasar del albergue a medidas de alojamiento en grupos más pequeños y, si es posible, en hogares individuales", explica el director general de servicios sociales e integración social, Pablo Gómez Tavira.
Entre otras actuaciones dirigidas a los sintecho, ha destacado la renta mínima de inserción y la estrategia de inclusión social con la que la Comunidad de Madrid prevé "fomentar la empleabilidad" de los sintecho y "favorecer su autonomía".
