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La juez del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha admitido a trámite la querella del grupo municipal del PP contra la concejal de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Álvaro Martínez Heredia, por la compra del servicio de bicis compartidas BiciMad.

El PP cree que hubo presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la adquisición de BiciMad, por la que el Ayuntamiento pagó a la concesionaria Bonopark 10,5 millones de euros.

En el auto al que ha tenido acceso Efe, la magistrada Belén Sánchez pide al Ayuntamiento y la EMT que faciliten toda la documentación disponible, así como toda la documentación e información que posean sobre la valoración del precio acordado para la cesión. Así mismo, solicita que se aporte el acta de la sesión de 19 de abril de 2016 del consejo de administración, donde se informa a los consejeros sobre la asunción por parte de la EMT del servicio de BiciMad, y que informe si, en septiembre de 2016, existía el cargo de director-financiero, debiendo identificar, en su caso, a la persona que ostentaba dicho puesto. Además, pide la cuenta donde se efectuó el pago y la forma en que se llevó a cabo.

EL PP PIDE QUE NO SE HURTE AL JUZGADO LA INFORMACIÓN DE BICIMAD

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido hoy que el Gobierno de Manuela Carmena "no hurte" información sobre la compra de Bicimad al juzgado que ha admitido a trámite la querella por irregularidades en esta operación, como hace con la oposición según los 'populares'.

El PP exige que el Gobierno de Ahora Madrid "entregue lo más rápido posible toda la documentación" pedida ayer por la juez y le acusa de entregar información a los grupos.

Según Martínez-Almeida, en el auto de admisión a trámite se dice "claramente que se aprecian circunstancias que presumiblemente permiten determinar que puedan haber existido los delitos denunciados", los de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Los 'populares' denuncian además que el "Gobierno de la regeneración está atrincherado en sus despachos" y que también lo está el gerente de la EMT, lo que califican de un "triste final" de Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid "marcado por sus contradicciones, sus políticas y su mal gobierno".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha espetado a Ahora Madrid que la lupa es para todos, ha exigido más transparencia al Gobierno municipal y que le facilite la documentación y ha añadido que el procedimiento judicial abierto sobre el caso Bicimad no tiene que afectar a la comisión de investigación ayer constituida.

"Respetamos los procedimientos judiciales. Si un juez entiende que esto tiene la suficiente relevancia como para admitirlo a trámite por algo será", ha indicado Villacís a la prensa después de cargar contra la "opacidad del gobierno, que reconoce que no impulsa igual las comisiones que promueven ellos que las que son impulsadas contra el equipo de gobierno".

"No nos está llegando la documentación. ¿Por qué este blindaje en torno a esta operación? Está rodeada de muchísimas manchas, es muy oscuro, con un informe falseado firmado por una persona que no ocupaba el cargo de director financiero en ese momento, con una auditoría de esas que se hacen en tres cuartos de hora para justificar un precio que nadie puede explicar", ha añadido.

Villacís ha cuestionado el pago de 10,5 millones de euros en la cesión del contrato a la EMT a una empresa, Bonopark, que "en libros vale 7 millones y que tiene 2.000 bicis, de las que se han tenido que sustituir 1.800". "El gobierno no está siendo transparente", ha añadido.

La edil de Ciudadanos cree que el procedimiento judicial no afecta a la comisión, en todo caso si se decretara secreto de sumario supondría que no se podría acceder a determinada documentación. "Si uno está tranquilo con su gestión no tendría problema con la documentación", ha aventurado.