Las mujeres víctimas de violencia machista que tengan que trasladar su residencia a la Comunidad de Madrid y las personas de entre 18 y 25 años que hayan sufrido violencia familiar podrán solicitar la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Lo ha anunciado el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado el nuevo reglamento de la RMI para proteger a los más desfavorecidos.
Así, una mujer víctima de violencia machista que resida fuera de la región y tenga que trasladar su residencia a la Comunidad de Madrid podrá solicitar la Renta Mínima de Inserción aunque no lleve un año viviendo aquí. Además, las personas de entre 18 y 25 años que hayan sufrido violencia familiar tendrán la posibilidad de ser reconocidas para recibir la prestación de esta renta.
También los menores tutelados por la Comunidad de Madrid podrán solicitarla antes de cumplir los 18 años, lo que les garantizará tenerla reconocida al alcanzar la mayoría de edad y, así, disponer de recursos económicos.
El nuevo reglamento de la Renta Mínima de Inserción protege especialmente a los más vulnerables, como personas que están solas, en situación de exclusión social o que sufran algún tipo de adicción o dependencia, siempre que acrediten un proceso de intervención con su trabajador social.
En el caso de las familias que sufran desprotección por abandono, defunción u otras causas, la titularidad de la prestación se podrá traspasar a la persona que quede como cabeza de familia.
Las nuevas medidas también incluyen una coordinación con los servicios de empleo para que las personas titulares que puedan trabajar sean derivadas a las oficinas de empleo, donde se realizará un itinerario individualizado de inserción laboral que permita a las personas disponer de un trabajo.
Victoria ha explicado que con esta iniciativa se dignifica a las personas más desprotegidas que carecen de recursos económicos garantizando su prestación, y ha recordado que Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que garantiza la percepción de manera indefinida a las familias que acrediten los requisitos establecidos en la Renta Mínima de Inserción.
CASI 100 MILLONES DE EUROS
Este año, la Comunidad de Madrid ha destinado casi cien millones de euros a la Renta Mínima de Inserción que han servido para ayudar a más de 22.000 familias en riesgo de exclusión social, y el número de solicitantes de la misma ha descendido un 15 por ciento.
La Renta Mínima de Inserción se concede a las personas que no tienen ingresos para satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria y siempre que carezcan de ingresos económicos, tengan un patrimonio inferior a los 22.533 euros en el caso de una persona sola (la vivienda habitual no se computa), cuenten con residencia legal en la Comunidad y estén empadronadas en algún municipio de la región con una antigüedad de un año.
La cuantía de la Renta Mínima de Inserción oscila entre los 375,55 euros para una sola persona hasta los 532,51 para familias de tres o más miembros. Desde su creación en 2002, más de 44.800 familias han percibido esta prestación.
DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES DE BELTRÁN GUTIÉRREZ
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha defendido que el PP de Madrid no puede violar los derechos laborales de su exgerente, que, tras dimitir del cargo al conocerse que empleó una de las tarjetas opacas de Caja Madrid, mantiene su condición de empleado del partido.
Victoria se ha remitido al comunicado difundido ayer por el PP de Madrid que defiende la continuidad del antiguo gerente alegando que Beltrán Gutiérrez Moliner nunca fue despedido y que trabajaba para la formación antes de ser nombrado gerente.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado así tras preguntas de los periodistas sobre este asunto y al día siguiente de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, instase al PP de Madrid a explicar por qué ha mantenido como trabajador del partido al exdirectivo.
Victoria ha recordado que Gutiérrez Moliner dimitió como gerente y que, desde entonces, ha tenido "continuidad" la "relación laboral preexistente" que tenía con el PP de Madrid. Según el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso no existe un nuevo contrato, sino una "continuidad" en una relación laboral de 18 años que el partido tiene que respetar.
En este sentido, ha recalcado que los derechos laborales preexistentes del exgerente han recobrado su vigencia tras su cese en el cargo y se ha preguntado si "alguien" pide la violación de los derechos de un trabajador o la falta de respeto a los derechos de una persona.
Gutiérrez Moliner anunció el pasado 7 de octubre que dejaba el puesto de gerente del PP de Madrid, que ocupó durante 14 años, tras conocerse un informe de Bankia que revelaba que gastó 58.000 euros con una tarjeta de Caja Madrid emitida al margen de los circuitos regulares por su condición de consejero de la entidad.
Abandonó el cargo después de que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, lo hubiese destituido como asesor municipal y tras pedir su cese el día anterior la dirección nacional del Partido Popular, de la que dependía orgánicamente.
