El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar la gestión del anterior gobierno socialista de Alcorcón, al considerar que vulneró la Ley General de Estabilidad Presupuestaria por no solicitar autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para seguir endeudándose. Según el auto del Tribunal, "es una cuestión no controvertida que la corporación municipal de Alcorcón incumplió dicho trámite", cuando previamente la Intervención General del Ayuntamiento había indicado que era necesaria la autorización del Ministerio para poder concertar nuevos créditos.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez, del PP, ha dado hoy a conocer los detalles de este auto que responden a la denuncia que interpuso el pasado mes de septiembre en persona ante el citado tribuna y a la que se ha adherido el ministerio fiscal.
Entonces el alcalde denunció la adquisición supuestamente irregular de un crédito de 22 millones, al que luego ha añadido otros que suman 44 millones.
Pérez asegura que con la remisión del caso a la Sala de Enjuiciamiento el Tribunal de Cuentas "confirma" que el Gobierno del anterior regidor, Enrique Cascallana, vulneró la ley al no solicitar la autorización pertinente al ministerio.
El 21 de diciembre pasado, el Tribunal de Cuentas archivó el caso, una decisión que recurrió el nuevo equipo de Gobierno y que ha dado lugar al nuevo auto, que no admite ya recursos. Pérez también cuestiona la responsabilidad que tuvo en estos hechos la anterior ministra de Economía, Elena Salgado, ya que asegura, el ministerio tenía conocimiento de que el Ayuntamiento estaba pidiendo un crédito, porque este aparece en el informe que elabora sobre deuda viva de las corporaciones municipales.
Desde el Gobierno local aseguran además que el anterior Ejecutivo dejó de pagar las cuotas de los préstamos, entre ellos el préstamo de fin de legislatura, por valor de 22 millones de euros.
El impago de las cuotas y que se "saltaran" supuestamente la prelación de pagos, generó unos intereses no previstos que han supuesto un "quebranto económico para las arcas municipales", sostienen.
El Grupo Socialista por su parte critica al alcalde por "autoproclamarse instructor, juez y parte, con los continuos ataques al anterior Gobierno, con los que tan sólo trata de desviar la atención de la opinión pública para eludir su responsabilidad sobre sus actuaciones".
Sobre el caso que trata el Tribunal de Cuentas, el concejal socialista Manuel Lumbreras considera que el alcalde debería esperar a que se valoran si se ven indicios o no de posibles irregularidades, porque intuye que "podría llevarse muchas sorpresas". Según Lumbreras, el auto del Tribunal de Cuentas implicaría tan sólo la apertura de diligencias, es decir, que se procederá a investigar si existe o no alguna irregularidad, "pero no implica una condena", como ha dado a entender el alcalde, aseguran.
