Técnicos municipales inspeccionarán cien gimnasios

  • Durante octubre y noviembre para comprobar si cumplen la normativa
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Técnicos municipales de Calidad y Consumo visitarán durante los meses de octubre y noviembre un centenar de gimnasios de la capital para comprobar si cumplen la normativa, según ha informado este domingo el Ayuntamiento madrileño.

La Campaña de Control e Inspección de la Actividad de los establecimientos que se anuncian como Gimnasios consistirá en controla si se cumple la normativa legal en materia de defensa de los consumidores, sobre todo en lo que se refiere a aspectos fundamentales como el derecho a la información, el respeto de los derechos económicos, cumplimiento de las condiciones contractuales, el derecho a reclamar y también la garantía y calidad de los productos que se venden en este tipo de establecimientos.

Y es que tanto los servicios prestados en un gimnasio como los productos que se pueden ofertar en ellos deben cumplir los requisitos legales que están regulados en la normativa general de consumo. Serán nueve los inspectores que incidirán, sobre todo en los aspectos que más preocupan a los consumidores y que suelen ser objeto de reclamación, como no tener a disposición del público las tarifas de los precios y no informar adecuadamente de lo que incluyen.

También estarán atentos a que no se incluya en los contratos cláusulas que perjudican al cliente y son contrarias a la normativa legal, como subir el precio sin anunciarlo previamente o suprimir actividades del gimnasio sin tener que comunicárselo al usuario.

Además, aspectos como no entregar el libro de reclamaciones a quien lo solicite o que la publicidad u ofertas no sean engañosas, o se vulnere el derecho del consumidor, incumpliendo las normas del derecho de admisión, serán especialmente vigilados.

Otros aspectos importantes que controlarán los inspectores será comprobar que exhiben el cartel identificativo de la actividad que desarrollan los gimnasios, en el que figure el aforo de personas y el horario de apertura y cierre del local; que dispongan del contrato obligatorio de seguro de responsabilidad civil y de riesgos de incendio y que, si anuncian tarjetas de crédito o débito, las admitan siempre para realizar los pagos.

Asimismo, se verificará que los establecimientos deportivos entregan facturas o recibos por los pagos efectuados y que se incluyen todos los requisitos legales en el documento.

En el caso de que los gimnasios realicen ventas de productos, como ropa deportiva, productos alimenticios, bebidas, complementos alimenticios o dietéticos y productos industriales, se comprobará que estén etiquetados, que el etiquetado conste en lengua española y que figuren los precios de venta al público.

ULTIMA CAMPAÑA

La última campaña de gimnasios que se realizó en Madrid tuvo lugar en el año 2006, y se visitaron 281 establecimientos, el 91 por ciento de los cuales caía en alguna irregularidad, por lo que los técnicos municipales levantaron acta en 255 casos.

Entre las irregularidades más habituales destacaban no anunciar la existencia de hojas de reclamaciones (37,9 por ciento) o no disponer de ellas para su entrega al consumidor que las solicitara (37 por ciento).

Además, el 35,2 por ciento de los locales no contaba con el seguro obligatorio de responsabilidad civil; el 30,9 por ciento de los contratos celebrados por los gimnasios contenía cláusulas abusivas y el 23,9 por ciento no exponía los precios de los productos que vendían (ropa deportiva, complementos alimenticios, productos dietéticos y otros).

La publicidad que se exhibía en el 19,9 por ciento de los establecimientos inducía a error en los consumidores o vulneraba sus derechos, el 19,7 por ciento de las facturas o documentos acreditativos de los pagos realizados por los clientes no contenía todos los datos preceptivos y el 15,7 por ciento no exhibía los precios de los servicios que prestaban.

Una vez finalizada la campaña se comprobará el grado de cumplimiento de la normativa por parte de este sector y se iniciarán las actuaciones sancionadoras pertinentes ante las irregularidades cometidas por los titulares de los establecimientos.