Recurren al Defensor del Pueblo para pedir el cese de la incineradora de Valdemingómez
- Advierten que la Comunidad de Madrid no ha emitido aún una Autorización Ambiental Integrada basada en la mejoras técnicas que debe aplicar el Ayuntamiento
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha registrado este miércoles un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que solicita su intervención para que cese la actividad de la incineradora de Valdemingómez hasta que no se realicen las modificaciones técnicas exigidas por la UE.
La Federación Vecinal ha pedido el amparo de Ángel Gabilondo por, aseguran, el retraso en la aplicación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) de la incineración de residuos que desde diciembre de 2023 exige la Unión Europea.
Según expone la organización, se estarían vulnerando los principios de prevención y de cautela, así como del derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y de un medio ambiente sano, conforme al artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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IRREGULARIDADES
En su escrito, la Federación Vecinal señala hasta nueve irregularidades que justificarían el cierre inmediato de la planta de Las Lomas.
La primera y más grave es que año y medio después del límite establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2016, la Comunidad de Madrid no ha emitido aún una Autorización Ambiental Integrada (AAI) para la incineradora basada en la Decisión de Ejecución de la UE citada.
El BOCM del 5 de marzo de 2024, cuatro meses después del vencimiento del plazo oficial de revisión de la AAI, un anuncio para someter a información pública la documentación de esta revisión, un retraso que la FRAVM denunció en sus alegaciones.
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La FRAVM advierte que la incineradora sigue funcionando con una AAI caducada. Pero además, en la documentación que la Comunidad de Madrid hizo pública durante el proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada hay datos que señalan que la instalación no ha incorporado las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) que impone la UE, como un Sistema de Gestión Ambiental adecuado, que incluye un también inexistente Plan de Gestión de Accidentes.
Además, la planta incumpliría el Reglamento de Emisiones Industriales, pues en esa documentación no se incluyó la comparación del resultado de las emisiones con los niveles de emisión asociados a las MTD ni "se documentaban todas las características de la monitorización en continuo de la emisión de dioxinas, furanos y PCB similares", tal y como establecen las MTD.
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Otras irregularidades apuntadas por la FRAVM se refieren a la falta de un Certificado de Eficiencia Energética reglamentario en la revisión de la AAI. También se cita el hecho de que la incineradora de Valdemingómez funcionó casi dos años sin contrato .
