La Audiencia Provincial de Madrid comenzará el próximo lunes a juzgar a tres acusados de estafar más de 300.000 euros a la Comunidad de Madrid al emplear los medios y el instrumental de un laboratorio de un centro de salud regional para realizar análisis clínicos de muestras de su propia empresa.
Miguel Angel A. G., María Teresa S. C. y Santiago M. R. serán juzgados en la Audiencia de Madrid por un delito continuado de malversación de caudales públicos. La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión para Miguel Angel; cuatro años y seis meses de prisión para María Teresa y tres años de prisión para Santiago.
Según el fiscal, en 1989 se constituyó la entidad Labipath S.A., participada por la esposa del acusado Miguel Angel A. y cuyo objeto social era toda actividad relacionada con el campo del diagnóstico y terapéutica clínica y veterinaria.
Pese a no existir en un principio un nombramiento expreso, Miguel Angel se encargaba de la dirección y gestión de la referida entidad, en la cual también se incorporaron con posterioridad como trabajadores los otros dos acusados.
Simultáneamente, Miguel Angel era el responsable del laboratorio del Centro de Salud 'Hermanos Miralles', dependiente del Instituto Madrileño de la Salud de la Comunidad de Madrid, centro en el que también trabajaban Santiago, en calidad de técnico especialista en laboratorio y María Teresa, como facultativa especialista de área de análisis clínicos.
USO ILEGAL DE MEDIOS
Desde la creación de Labipath hasta abril de 2.000, el acusado Miguel Angel A., aprovechándose de que en el laboratorio del Centro de Salud público se realizaba una actividad similar a la desarrollada en su entidad privada, y puesto que por razón del cargo que desempeñaba tenía pleno poder de disposición sobre los medios materiales, con la clara finalidad de abaratar los costes realizados en sus empresa y obtener así un beneficio económico, realizaba análisis clínicos de muestras de Labipath, empelando instrumental, reactivos y personal del laboratorio del Centro de Salud público.
El uso fraudulento de esos reactivos afectaba a las pruebas que debían realizarse en el centro público de modo que muchas de ellas debieron retrasarse, con el menoscabo para los usuarios de la sanidad pública del centro. Los tres acusados trasladaban después sus análisis a su empresa privada y, en ocasiones, se llevaban directamente los reactivos del centro de Salud.
Los perjuicios económicos ocasionados a la Comunicad de Madrid debido a la actividad que desarrollaron los tres acusados solo han podido ser cuantificados respecto a los años 1998 y 1999, habiéndose estimado en 345.936,47 euros.
