El exalcalde de Leganés José Luis Pérez Ráez ha asegurado este miércoles ante el juzgado de lo Penal número 5 de Getafe que el abono de la factura de 101.478 euros a la empresa Cuadrifolio se aprobó en la última Junta de Gobierno de 2007 sin que hubiera "informe oral" de Intervención o secretaria levantando un reparo a este abono.
Durante su comparecencia y a preguntas de la acusación popular, el exregidor ha matizado que "no es cierto" que hubiese objeciones de los funcionarios habilitados nacionales y, en este sentido, ha precisado que si Intervención hubiera "hecho la mínima indicación, el punto se habría quedado sobre la mesa".
"Ese informe no estaba allí en ese momento", ha concluido el exprimer edil en un juicio que intentará determinar si se produjo una prevaricación administrativa en el procedimiento seguido para el abonó de esa factura. "Nos íbamos a casa -ha precisado en alusión a que días después se retiraba como alcalde- y no teníamos ningún interés en aprobar nada".
De hecho, el argumentario del exregidor se ha centrado durante el juicio en asegurar que la aprobación del montante fue "una cuestión de trámite", un punto que se llevó por Urgencia como créditos a reconocer. "En principio no había nada que lo diferenciara de otro (pago)", ha respondido a preguntas de la Fiscalía.
En cuanto a lo abultado de la cantidad, el exdirigente socialista ha señalado que suelen ser cantidades "habituales" en la Administración local, sobre todo, en el tema de prestación de servicios.
Sobre la contratación de la empresa Cuadrifolio ha manifestado que la Alcaldía no fue "desde luego" la que solicitó el encargo, y ha derivado esta responsabilidad en la concejalía de Hacienda y Nuevas Tecnologías, cuyo concejal responsable en aquella época, Antonio García, también ha comparecido ante el juzgado.
Tras ello, Pérez Ráez ha dicho que, aunque Cuadrifolio no era uno de los "socios tecnológicos" de 'Leganés Ciudad Digital', se le encargó un servicio, "unos elementos, se les pagó y punto", ha apostillado.
Por otro lado, Ráez ha explicado qué fue lo que se pagó con ese dinero. Así, ha detallado que se hizo el abono por el "montaje" del acto de la primera piedra de la Biblioteca Central, proyecto enmarcado en el convenio Leganés Ciudad Digital.
El exregidor ha admitido que revisó el material adquirido, que fue posteriormente trasladado a Leganés y que, "con posterioridad", éste se utilizó para otros actos. El juicio continuará mañana, jueves, a partir de las 10.30 horas.
BARREDA TACHA DE "BURDO MONTAJE" LAS ACUSACIONES QUE SEÑALAN QUE INDICABA A LA EMPRESA CUADRIFOLIO COMO AMAÑAR LOS CONTRATOS
Por otra parte, el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda ha tachado de "burdo montaje" las acusaciones sobre corrupción en el PSOE regional mediante la adjudicación de contratos públicos inflados a la empresa Cuadrifolio que organizaría con el dinero sobrante, actos y campañas electorales del partido.
En declaraciones en el Congreso, Barreda se refería así a la información que hoy publica el diario El Mundo según la cual cargos de la Junta de Castilla-La Mancha indicaban por correo electrónico a Cuadrifolio cómo eludir los controles para conseguir las adjudicaciones "a dedo" y "amañar" los contratos.
Barreda ha asegurado que el correo electrónico que se presenta como prueba es "absolutamente falso", ya que está enviado desde un dominio de internet -jccm.com- que no pertenece a la administración regional, cuya dirección es jccm.es. "Es imposible que desde un ordenador de la Junta salga ese correo que, por cierto pertenece a un señor de Texas desde 1999", ha denunciado.
Para el expresidente regional, esta equivocación, "bastante chapucera" -añade-, le hace pensar que todo el supuesto caso de corrupción es un "burdo montaje" para ensuciar al PSOE de Castilla-La Mancha.
Mientras el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que la pasada legislatura, bajo el Gobierno socialista, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha encargó a la empresa Cuadrifolio una exposición de maquetas de centros de salud de la región por valor de 230.000 euros, algo que a su juicio "no es la mejor forma de gestionar la sanidad" y constituye un "despilfarro que compromete el futuro de la sanidad".
