Alejandro Ibáñez, uno de los residentes de los apartamentos para mayores del Ayuntamiento de Madrid | @DANIPIEDRABUENA
(Actualizado

En septiembre de 2024 el Ayuntamiento de Madrid comenzó el traslado de los 56 mayores residentes en los apartamentos municipales San Francisco, en La Latina. La razón: el inicio de obras de rehabilitación de este edificio que no se podían acometer con sus habitantes en el interior.

Algunos salieron de allí con destino a viviendas de familiares o residencias, con la promesa del gobierno municipal de que regresarían cuando las obras acabasen. Pero un grupo de mayores decidió no irse. Entre otros argumentos, por no poder afrontar los gastos de ese traslado temporal.

A partir de ahí se inició un conflicto entre Cibeles y algunos de los residentes de estos apartamentos que dura ya casi dos años.

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La Asociación Vecinal La Chispera, que ha participado de las reivindicaciones de los residentes, ha dado a conocer la denegación al Ayuntamiento de Madrid de la autorización para poder ejecutar el desalojo de uno de estos resistentes, Alejandro Ibáñez.

Esta resolución, emitida por la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, deniega la solicitud de entrada que fue admitida a trámite en diciembre de 2025.

Según el auto, el Ayuntamiento no ha justificado por qué el edificio tiene que estar completamente vacío para ejecutar las obras. No hay ningún informe técnico que explique los riesgos concretos o que justifique por qué las obras no se pueden realizar por fases, como han venido solicitando residentes y vecinos. Tampoco hay una necesidad demostrable de demolición, un hecho que sí obligaría al desalojo total.

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La resolución subraya, expone la entidad vecinal, que ni en el escrito de solicitud ni en la documentación aportada por la Administración consta el hecho de que el residente se opusiera a abandonar su residencia, cuando se le intentó desalojar en junio de 2025. Esta omisión de información, afirma el juez, vuelve la solicitud improcedente.

Víctor Palomo, abogado perteneciente a la cooperativa CAES, que ha gestionado la defensa de Alejandro, ha manifestado que “se podría alegar que el ayuntamiento no ha seguido el procedimiento, que no se han hecho las cosas como se deberían de hacer y por tanto, podemos decir que aquí ha habido unos intereses políticos y que no estaban bien justificado.”

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Cibeles estudia recurrir

El Ayuntamiento de Madrid estudia ahora recurrir judicialmente el auto del juzgado que le deniega la autorización judicial para entrar en el apartamento de Alejandro Ibáñez.

Cibeles insiste en ejecutar el desalojo temporal justificado en que adolecen de "un problema de seguridad" y necesitan acometer obras de conservación y rehabilitación en el inmueble, ha afirmado el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

"A nuestro juicio hay problemas técnicos que afectan a la estructura y a la seguridad del inmueble", ha insistido Almeida, que ha apostillado que "es cierto que ayer hubo un auto del juez que no dio la razón al Ayuntamiento pero también es cierto que ha habido dos autos de dos jueces diferentes que sí lo han hecho y que han permitido que los vecinos se pudieran ir".

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Almeida se ha dirigido al usuario de ese apartamento asegurándole que el Ayuntamiento le va a dar "una alternativa, como ya se la ha dado a la mayoría de los vecinos de los apartamentos, que va a poder volver a él sin incremento de renta, sin pérdida de ningún tipo de derechos".

"Creo que es razonable pedirle a ese usuario que entienda que esto no lo hacemos por porque está garantizado que vamos a ejecutar las obras, que van a volver, con la misma renta, pero que hay un problema de seguridad", ha reiterado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez Almeida, de actuar de forma "chapucera" y "cruel" en la gestión de las obras del edificio y ha reclamado que los vecinos desalojados de los apartamentos municipales para mayores San Francisco puedan regresar a sus viviendas tras el último auto judicial.

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Maestre ha sostenido este martes en declaraciones remitidas a los medios que la resolución judicial supone "un nuevo varapalo" para el Ayuntamiento y ha criticado que el Gobierno municipal optara por desalojar a todos los inquilinos durante la ejecución de las obras en lugar de realizarlas por fases, una alternativa que, según ha dicho, fue planteada por los técnicos de Más Madrid y defendida por su grupo en las comisiones municipales.