Los grupos municipales de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos han aprobado hoy el dictamen de la comisión de investigación sobre la M-30 que plantea que la empresa mixta Madrid Calle 30 vuelva a ser 100 % municipal, una decisión que "compromete" al Gobierno de Manuela Carmena y que será ratificada en el Pleno. Esta es la principal de las recomendaciones incluidas en el dictamen sometido hoy a debate en la comisión de investigación sobre la M-30, que ha contado con el voto en contra del PP.
Se trata del dictamen final de la comisión de investigación que desde el pasado mes de abril ha analizado los indicios de irregularidades en la gestión de la sociedad mixta Madrid Calle 30, que desde 2004 está participada en un 80 % por el Ayuntamiento y en un 20 % por la Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A. (Emasa). Un acuerdo que, según las conclusiones de la comisión de investigación, ha supuesto desde entonces un daño para las arcas públicas de 600 millones de euros.
A excepción del PP, los tres grupos municipales han aprobado hoy el dictamen que considera que el equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz Gallardón es "responsable directo" de esas actuaciones, aunque no hay recomendación directa de llevar las supuestas irregularidades a los tribunales. "Existen responsabilidades políticas directas por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid", recoge el dictamen, que responsabiliza al gobierno de Gallardón de haber escogido "un modelo de gestión ruinoso" para la ciudad de Madrid al privatizar parcialmente la entidad.
Las conclusiones de la comisión ponen de manifiesto que las obras para la construcción de la circunvalación encargadas por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón "fueron totalmente ilegales", tal y como dictaminaron "juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental". La remunicipalización debería garantizar "un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura", según indica el texto, que recomienda también licitar otro contrato de conservación de la infraestructura y "una auditoría rigurosa" sobre el cumplimiento del contrato.
También se pide subrogar el personal de atención a incidencias y emergencias, "que suponen una parte fundamental de la correcta explotación de la infraestructura" y "dotarles de la calificación como servicio de emergencias que deben ostentar y asegurar que su formación es la adecuada para las tareas que realizan. En tanto que esos cambios no se materialicen, el dictamen propone elaborar auditorías de las obras y el nivel de contaminación en el interior del túnel, además de solicitar al socio privado "en la vía judicial que proceda" la información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la sociedad privada.
"FALTA DE TRANSPARENCIA"
El dictamen señala además la "falta de transparencia" en todas las fases de creación de la sociedad desde la transformación de la empresa mixta a la tramitación de las obras de forma "totalmente intencionada" para evitar que la ciudadanía pudiera acceder a los documentos reales. "La tramitación de los proyectos y la gestión administrativa de los mismos está llena de irregularidades", indica el dictamen que han apoyado todos los grupos excepto el PP.
Por parte de C's, el edil Miguel Ángel Redondo ha lamentado que la comisión de investigación no haya contado con la participación del exalcalde ni del resto de responsables políticos cuyo deber era haber dado explicaciones, entre ellos los exediles de Seguridad y Urbanismo Antonio de Guindos y Pilar Martínez, respectivamente.
"El Ayuntamiento destina anualmente 140 millones de euros a Madrid Calle 30, de los cuales solo 28 son destinados al mantenimiento", ha denunciado el concejal de la formación naranja, que también ha destacado el interés del Gobierno del PP de acelerar las obras para inaugurarlas antes de las elecciones con las consiguientes "consecuencias económicas".
La socialista Mercedes González ha afirmado que, por mucho que el PP se empeñe en decir lo contrario, "toda la obra es nula e ilegal". "Pero el fin del gobierno de Gallardón estaba cumplido: la obra estaba hecha, la derecha política contenta y la derecha económica satisfecha", ha resumido la edil socialista en referencia a los sobrecostes de la infraestructura. La socialista ha asegurado que su grupo apuesta "decididamente" por revertir el modelo de gestión de la sociedad que es "lesivo" para los intereses de los madrileños, y ha dicho que todo ese dictamen "como no puede ser de otra manera" tiene que acabar "en manos de la Fiscalía".
Por su parte, el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, de Ahora Madrid, ha considerado el dictamen de una "solidez a prueba de bombas" aunque según su criterio "lo que ha ocurrido es que el PP ha tenido una actitud continua de sabotaje para intentar evitar que la gente supiera la verdad". "Ustedes han conseguido determinados resultados electorales dopados no solo por la financiación irregular sino por la mentira", ha reprochado el delegado.
Sin embargo, por parte del PP, el concejal Íñigo Henríquez de Luna ha reprochado a los grupos que han apoyado el dictamen que estén realizando "una causa general en fascículos" contra su grupo, y ha defendido que la transformación de la M-30 es el "orgullo de Madrid y de los madrileños" y fue una decisión política que emanaba del cumplimiento del programa electoral. Además de reprochar al Gobierno municipal que pretenda "anular a la oposición política" y controlarla, el PP ha denunciado en la comisión que ha sido el consejero apoderado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, quien ha redactado el documento de conclusiones aprobado hoy, pese a que fue uno de los comparecientes en la comisión.
Un hecho por el que ha pedido a la alcaldesa su destitución y también la del edil Carlos Sánchez Mato, quien por su parte ha dicho a la prensa que el documento lo ha redactado él mismo.
