PP y PSOE de Rivas han exigido hoy medidas contra la exedil y diputada autonómica Tania Sánchez en el debate de conclusiones de la comisión que ha investigado los contratos que recibió una cooperativa administrada por su hermano, mientras que IU ha defendido la "transparencia" del proceso.
El PP ha reclamado el cese de la ex edil y candidata de IU a la Comunidad de Madrid, mientras que el PSOE ha pedido su reprobación.
Ambos partidos han coincidido además en pedir la dimisión del concejal Raúl Sánchez -padre de Tania Sánchez y del adjudicatario-, y del alcalde, Pedro del Cura, por supuestas irregularidades en contratos municipales.
Frente a esta posición, Izquierda Unida ha defendido en sus conclusiones la "transparencia" en todos sus trabajos y de las concesiones de los contratos por parte del Gobierno municipal.
Los grupos municipales se han reunido hoy en la comisión de investigación de los contratos para poner en común y debatir y votar las conclusiones alcanzadas por la comisión.
En sesiones pasadas, los partidos han revisado las adjudicaciones a la cooperativa Aúpa, que entre 2002 y 2008 recibió contratos por cerca de 1,2 millones, pese a que el administrador de la entidad era Héctor Sánchez, hermano de la exconcejal e hijo del actual edil.
Además, en la comisión también se ha estudiado la concesión durante catorce años de los contratos municipales de escuelas de tenis a un mismo administrador que representaba a varias empresas cuyo apoderado o copropietario era técnico municipal.
Durante la sesión se ha aprobado una petición de IU por la que el desarrollo de la conclusión final se alcanzará de forma común en sesiones en las que participará un miembro de cada grupo y que arrancarán el próximo martes.
Pese a la negativa de la oposición, finalmente se ha convenido que esos encuentros se celebren a puerta cerrada y se mantengan reuniones informativas periódicas para dar cuenta de los acuerdos.
Con todo, los portavoces de cada grupo han accedido a leer los borradores de sus conclusiones, que estaban obligados a presentar ayer antes de las tres de la tarde.
El PP ha apuntado que un "mínimo código ético" hubiera evitado que Pedro del Cura, Tania Sánchez y Raúl Sánchez "hubieran permitido" que ganara los contratos municipales "un familiar directo y amigo personal", Héctor Sánchez.
Además, ha concluido que la comisión ha revelado los "tratos de favor" que ha recibido la cooperativa Aúpa.
En particular, el PP ha subrayado que Raúl Sánchez participó en la adjudicación de contratos a la cooperativa Aúpa entre 2002 y 2008 y que Tania Sánchez lo hizo en un contrato firmado en 2008, sin que ninguno informara "jamás" de estas vinculaciones familiares.
Por todo ello, han concluido que debe presentar su dimisión Tania Sánchez, Raúl Sánchez y Pedro del Cura.
Por su parte, el PSOE ha coincidido en pedir la dimisión de Raúl Sánchez, al considerar que "no es creíble" que no conociera la actividad de su hijo; y han pedido la "reprobación" de la actuación de Tania Sánchez por el mismo motivo.
Por otro lado, los socialistas han pedido la dimisión de Pedro del Cura por su responsabilidad "directa" en la "actuación deliberadamente obstruccionista en el esclarecimiento de los hechos investigados".
Además, el portavoz socialista, Guillermo Magadán ha exigido que todos los expedientes que se vinculan a Aúpa sean enviados a un órgano fiscalizador independiente y externo al Ayuntamiento para su estudio.
Por su parte, el grupo de Ciudadanos de Rivas (CDR), José Carlos Querencias, ha pedido que se tomen las medidas necesarias para que en el futuro se garantice que todos los cargos públicos tengan "conocimiento real y de obligado cumplimiento" de sus obligaciones.
Asimismo, Querencias ha opinado que en la revisión de los contratos no se observa "nada irregular" y que la tramitación de los contratos no refleja que exista algún procedimiento "ilegal".
Sin embargo, el grupo CDR sí ha asumido que existe "una irregularidad" por parte de algunos funcionarios.
Por su parte, el grupo de Gobierno, Izquierda Unida, ha criticado que el PP haya emitido una "publicitada querella" contra personas que han comparecido en la comisión -en referencia a la presentada la semana pasada por el PP-; y han advertido de que el resultado de la comisión se podría ver "alterado" por la judicialización de los hechos.
Sin embargo, han reconocido la necesidad de "extremar las medidas" de las contrataciones, y han presentado una serie de medidas por la "transparencia", con las que se habilitarían más estudios de los contratos menores y se mejoraría la información publicada del perfil de contratante, entre otros aspectos.
