La Presidenta Regional, Esperanza Aguirre, ha respaldao la demanda ante los tribunales que Metro de Madrid ha interpuesto para declarar ilegal la huelga del pasado mes de junio en el suburbano. Aguirre ha manifestado que deben ser los tribunales quienes decidan si la huelga donde no se respetaron los servicios mínimos es o no ilegal. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de salvaje una huelga que dejó a más de seis millones de madrileños sin transporte los días 29 y 30 de junio.
Metro de Madrid ha presentado ante los Juzgados de lo Social una demanda contra el comité de huelga, el comité de empresa y los sindicatos que convocaron la huelga de junio y julio en el suburbano con el fin de que se reconozca la "ilegalidad" de los paros que se llevaron a cabo los días 29 y 30 de junio, donde se incumplieron los servicios mínimos. Metro de Madrid plantea esta demanda con la intención de que se declare "judicialmente" que la huelga en estos dos días "fue ilegal e ilícita por su carácter abusivo ante la llamada que los sindicatos hicieron a los trabajadores para el no cumplimiento de los servicios mínimos".
En concreto, la demanda se ha dirigido a los cinco sindicatos que convocaron la huelga --Sindicato de Conductores, CC.OO., UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre--, contra los diez miembros que componían el Comité de Huelga y contra el comité de empresa.
Esta demanda llega después de que la dirección de la compañía y los sindicatos celebraran un acto de conciliación el pasado mes de agosto en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid en el que ambas partes no llegaron a un acuerdo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado este lunes que "en un Estado de Derecho como es el español, son los Tribunales quienes tienen que decidir si la huelga salvaje" que tuvo lugar en el servicio de Metro el pasado mes de junio "es legal o ilegal" y ha explicado de este modo el hecho de que Metro de Madrid haya presentado una demanda ante la Justicia "para pedir la declaración de ilegalidad" de esta movilización que llevó incluso al cierre de la red de Metro.
Tras su intervención en el X Encuentro Financiero Internacional de Caja Madrid, la presidenta regional ha subrayado que "la legislación vigente no permite el incumplimiento de servicios mínimos (en una huelga) y que se olvide "el derecho a trasladarse de más de 6 millones de ciudadanos".
"También entendemos que la votación de una huelga tiene que hacerse con un quórum; que para decidir sobre una huelga en una empresa donde trabajan 7.000 trabajadores, la decisión la tiene que tomar, como mínimo una mayoría de trabajadores", ha añadido la presidenta madrileña.
Aguirre ha concluido señalando que no cree que la administración titular de Metro, es decir, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, sean las que tienen que tomar esta decisión. "Es por eso por lo que hemos presentado una demanda para que sean los Tribunales de Justicia los que establezcan la ilegalidad, creemos nosotros, de esta huelga que se produjo a finales del mes de junio", ha incidido.
Por su parte, el secretario generales de CCOO de Madrid, Javier López, ha reiterado junto a su homólogo de UGT, José Ricardo Martínez, que los servicios mínimos fijados por la Comunidad para la huelga de Metro en junio fueron "abusivos".