La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales ocho años y seis meses de prisión para un acusado de agredir el 13 de julio de 2021 en el Metro de Madrid a un enfermero, al que provocó la pérdida de visión de un ojo, porque le requirió en varias ocasiones que se pusiera la mascarilla de forma correcta.
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el lunes el juicio en el que J.C.L.C. se sentará en el banquillo acusado de un delito de lesiones por el que el Ministerio Público reclama que sea también condenado al pago de una indemnización al agredido superior a 80.000 euros.
El fiscal relata que sobre las diez y media de la noche de la fecha referida J.C.L.C. viajaba en un vagón de la línea 1 de Metro, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Alto del Arenal, cuando otro pasajero, el enfermero G.M.C., le requirió en varias ocasiones que se colocara correctamente la mascarilla dado que la llevaba puesta a la altura de la barbilla sin cubrir la nariz y la boca.
El escrito de acusación añade que otros pasajeros se unieron a la protesta pese a lo cual el acusado se negó reiteradamente a ponerse la mascarilla de manera correcta.
Explica que fue el propio enfermero quien lo hizo por lo que comenzó entre ambos una discusión en la que se lanzaron mutuamente patadas y puñetazos hasta que fueron separados por otros viajeros sin consecuencias lesivas para ninguno de ellos.
Pero segundos después, una vez que el vagón se detuvo en la parada de Metro de Alto del Arenal y antes de salir de su interior, el acusado le dio un puñetazo en el ojo con el borde del teléfono móvil que llevaba en la mano mientras le gritaba "gilipollas, ojalá te mueras" y huyó del lugar, siempre según la Fiscalía.
El fiscal señala que la víctima perdió la visión de su ojo derecho y las secuelas oculares que presenta "le suponen un perjuicio moral por pérdida de calidad de vida".
El acusado, que fue detenido seis días después de los hechos y se encuentra en prisión provisional por esta causa, tiene antecedentes por varios robos y hurtos al descuido, delitos contra el patrimonio y una reclamación judicial en Baleares.
La Fiscalía recuerda, además, que J.C.L.C., de nacionalidad colombiana, "no ha aportado documentación alguna que le permita permanecer en España" y que tampoco consta "la existencia de razón alguna que justifique su permanencia" en territorio español.