Madrid pedirá 5 años de empadronamiento para acceder a vivienda pública y la prohibirá para los "inquiokupas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció este martes que el Ayuntamiento exigirá un mínimo de cinco años de empadronamiento para acceder a viviendas públicas, que se prohibirá el acceso a "okupas e inquiokupas" y que se lanzará un programa de 1.500 viviendas públicas con opción a compra.

Así lo explicó en el Debate sobre el estado de la Ciudad. Almeida afirmó que la prioridad de esta legislatura son las políticas de vivienda, por lo que se constituyó por primera vez un área de gobierno específica en la ciudad. Subrayó que la política de vivienda es "fundamental en términos de cohesión social" y para "el futuro de la ciudad de Madrid".

Dijo que las políticas municipales parten de dos ejes básicos: la identificación de la raíz del problema, que es "la falta de oferta de vivienda", y la "simplificación administrativa y la mejora normativa de nuestros procesos internos". Como resultado, según el regidor, se han aprobado instrumentos urbanísticos que permiten la construcción de 93.000 viviendas con suelo finalista. Además, "solo a lo largo de los primeros 6 meses del año 2026", las licencias para vivienda se han incrementado en un 41%.

El alcalde aseguró que la promesa de que Madrid sería "la primera ciudad de Europa en construcción de viviendas asequible a lo largo de la próxima década" es ya "una certeza". También destacó la reducción del plazo de concesión de licencias de una media de 13 meses a 2 meses. Para seguir avanzando, se creará una oficina virtual y una ventanilla única para desarrollos urbanísticos.

En relación con el plan Reside, criticado por la oposición, citó datos del Banco de España que indican una reducción del 40% en las viviendas turísticas de uso ilegal, con "más de 9.000 viviendas turísticas ilegales" desaparecidas del mercado.

En ese sentido, en materia de vivienda pública, Almeida anunció que se modificará el reglamento de la empresa Municipal de la Vivienda (EMVS). En primer lugar, se prohibirá que "los okupas y los inquiokupas puedan acceder a viviendas públicas". En segundo lugar, se establecerá un mínimo de "5 años de empadronamiento en la ciudad de Madrid como con carácter prioritario" para el acceso, priorizando a quienes han demostrado "un compromiso con esta ciudad".

Además, se lanzará un programa que permitirá el acceso a viviendas del Ayuntamiento a quienes tengan hasta 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Finalmente, el alcalde anunció un programa de "más de 1.500 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra", permitiendo a las familias descontar el precio de los alquileres y acceder a la propiedad, proporcionando así un "horizonte de estabilidad".

Por otra parte, destacó que EMVS ha alcanzado las 10.000 viviendas, consolidándose como "la primera promotora de vivienda pública que hay en España". Se han concedido "más de 5.500 viviendas en los 7 años de mandato".

Actualmente, se trabaja en 1.700 viviendas adicionales y se prevé, antes de fin de año, estar trabajando en "más de 8.000 viviendas de carácter asequible" promovidas desde lo público, ya sea directamente por la EMVS o mediante cooperación público-privada.

El alcalde resaltó que "una de cada cinco viviendas públicas que se hacen en España se construye por la ciudad de Madrid" y que la capital ha construido "más vivienda pública en los dos últimos años que 14 comunidades autónomas juntas", con una inversión de 1.500 millones de euros.