El Ayuntamiento de Madrid trabaja en la elaboración de un documento de carácter práctico, y de aplicación general, para incorporar criterios sociales en la contratación pública.
Según ha explicado en una nota, la contratación pública "ya no es solo un medio para ejecutar obras o prestar servicios" sino que también presenta "una gran utilidad" para incidir en las políticas económicas y sociales.
En el escrito, el ayuntamiento informa de la reunión que el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha mantenido esta semana con una delegación del Ayuntamiento de Seúl (Corea del Sur), interesada en la implantación de la responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación municipal.
A petición de la Embajada de Corea del Sur en Madrid, el concejal se ha reunido con los directores de Finanzas y de Proyectos del Ayuntamiento de Seúl, Suh Young Kwan y Kim Yong Jun, respectivamente, a los que ha explicado las últimas medidas adoptadas en esta materia en la capital.
Entre éstas ha destacado la reciente modificación que hizo el propio Sánchez Mato del Decreto sobre la contención del gasto en las contrataciones públicas para conseguir que la prestación de servicios públicos y las compras que realiza la administración local sean "de calidad, estratégicas, sostenibles y socialmente responsables".
El concejal ha precisado a la delegación seulense que este "logro" no solo es un "reto" para el Gobierno que dirige Manuela Carmena, sino que es "un mandato de la Unión Europea".
Entre otras medidas, el nuevo Decreto deja sin efecto la obligatoriedad de que el precio más bajo sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utilice más de un criterio de valoración.
A juicio de Sánchez Mato, se trata de estimar conceptos como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción sociolaboral y la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo por encima del precio.
Según la nota del ayuntamiento, con el cambio del Decreto el peso de los criterios objetivos aumenta hasta el 75 por ciento del total de la puntuación a distribuir, salvo para los contratos de prestaciones personales de carácter sanitario o social.
