Madrid impulsa la transformación del antiguo dispensario antituberculoso de Goya en un nuevo centro de salud

La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso para recuperar el antiguo dispensario antituberculoso situado en la calle Goya de la capital. El Gobierno regional ha sacado a licitación la redacción y tramitación de un plan especial con el objetivo de mejorar la edificabilidad del inmueble y convertirlo en un centro de salud.

La iniciativa forma parte del proceso para rehabilitar este edificio histórico, con cerca de un siglo de antigüedad, que durante décadas ha permanecido en estado ruinoso. La Comunidad lo adquirió en 1999 a través de la empresa pública Planifica Madrid.

Según los pliegos del contrato consultados por EFE, las primeras gestiones para implantar un centro de salud se iniciaron en 2003. El proceso se prolongó durante años hasta que, en 2017, el Ayuntamiento de Madrid denegó la licencia urbanística solicitada.

El Ejecutivo autonómico retomó el proyecto en 2019, cuando pidió la declaración de ruina técnica urbanística del edificio principal. Posteriormente, entre 2023 y 2024, se llevó a cabo su demolición, manteniendo las fachadas delantera y trasera originales, que cuentan con protección legal.

La parcela, con acceso por el número 52 de la calle Goya y el número 14 de la calle General Pardiñas, dispone actualmente de 926 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 1.361 metros cuadrados. La Comunidad pretende incrementarla para ampliar y centralizar la atención que hoy prestan los centros de salud de Castelló y Lagasca.

El planeamiento contempla una nueva edificación de seis plantas con fachada a la calle General Pardiñas, además de una ampliación del edificio que da a la calle Goya. Este último alcanzaría ocho plantas y conservaría los elementos protegidos del antiguo dispensario.

De este modo, el futuro centro sanitario adoptaría las mismas condiciones urbanísticas y altura que los edificios colindantes, integrándose en la manzana del centro histórico donde se ubica la parcela.

Una vez redactado el plan especial, deberá recibir la aprobación tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. El conjunto de la tramitación tendrá una duración estimada de 16 meses, según recogen los pliegos del contrato.