El consejero de Presidencia, Justicia y el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha confirmado este miércoles que la Comunidad "reordenará" los servicios de orientación jurídica para garantizarla sin coste sólo a "aquellos beneficiarios que cumplan los requisitos que marca la Ley".Victoria ha respondido así al Colegio de Abogados de Madrid, que se ha quejado hoy que la Comunidad de Madrid cerrará el 31 de diciembre de este año los Servicios de Orientación Jurídica, dejando a más de 63.000 madrileños sin asesoramiento legal el próximo año.
Tras mantener una reunión con el decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, el titular regional de Justicia ha indicado que esto se enmarca este asunto en "el paquete del turno de oficio" y en la "reordenación del sistema de acceso a la justicia gratuita", aunque ha apuntado que la orientación jurídica estará garantizada "para todos los beneficiarios de justicia gratuita"."No es que se cierren estos servicios, sino que hay que estudiarlo dentro del acceso a la justicia gratuita para garantizar que esta orientación, que a los ciudadanos nos cuesta dinero, la tenga garantizada y sin coste aquellos beneficiarios que cumplan los requisitos", ha añadido.
DECISION "UNILATERAL"
Por su parte, el Colegio de Abogados ha señalado que las oficinas de orientación jurídica venían funcionando de forma interrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos y realizando un apoyo constante a los órganos judiciales.
Según datos de esta institución, durante el años 2011 más de 163.000 madrileños acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
"Esta situación se grava aún más si tenemos en cuenta que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales que venían distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año", ha añadido el Colegio.
Así se quejan de la "ruptura unilateral" por parte de la Comunidad de Madrid del convenio de orientación jurídica, lo que implica "una dejación flagrante de las obligaciones legales que asume la Comunidad en el proceso de transferencia de competencias y en su propia normativa, artículo 7 de Estatuto de Autonomía, que reconoce constituye objetivo estratégico de la Administración autonómica acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito".
"Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados, máxime cuando se trata de servicios a cuya prestación el Colegio de Abogados de Madrid ha venido contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados, en un ejercicio de responsabilidad social que va mucho más allá de sus obligaciones legales y estatutarias", ha criticado el órgano judicial.
Por todo ello, consideran que Madrid se sitúa "en una posición especialmente regresiva en materia de Justicia pese a ser una Comunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida".
