El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales y administrativas contra las empresas y asociaciones multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por repartirse el mercado de gestión de residuos y saneamiento urbano.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito, ha dicho en el Pleno municipal y en posteriores declaraciones que el Ayuntamiento lleva "muchos meses" colaborando con la CNMC en la tramitación del expediente que ha derivado en una multa de 98,2 millones contra Urbaser (ACS), FCC, Valoriza (Sacyr), Cespa (Ferrovial) y otras 35 empresas, así como las asociaciones Aselip, Aceser y Arema.
El Ayuntamiento de la capital, ha indicado, "ha aportado toda la información relevante de aquellos procedimientos de licitación en los que pudieran existir indicios de alguna práctica irregular por parte de las empresas".
Ahora, "de confirmarse algunos de los extremos que están contenidos en la resolución de la CNMC", el Gobierno municipal de Ana Botella lo consideraría "unos hechos graves que limitarían la competencia y por tanto los mejores precios a las que las administraciones y por tanto los ciudadanos acceden a los servicios públicos que están externalizados".
Diego Sanjuanbenito ha precisado que no se trata del perjuicio que la actuación de esas empresas y asociaciones haya podido causar "en dinero" porque los acuerdos a los que habrían llegado "eran más de no agresión".
"Las prácticas de las que hablan no derivaban en ninguna adjudicación condicionada sino en que quedaban desiertos procedimientos del Ayuntamiento de Madrid, así que podríamos hablar más en términos de demoras, de procesos en que se han tenido que volver a sacar licitaciones", ha explicado.
Tanto en el Pleno como en sus declaraciones a los medios de comunicación, el delegado ha negado "tajantemente" que haya habido connivencia del Ayuntamiento con las empresas o que lo que denuncia la CNMC se haya hecho con su "conocimiento" o su "concurso", como ha sugerido la oposición.
"Ni trampas ni cartón", ha manifestado el delegado, que ha añadido: "en realidad (la actuación de esas empresas y asociaciones) ha entorpecido procedimientos de adjudicación de servicios de la ciudad de Madrid, si se confirma lo que dice la resolución, y hemos sido perjudicados".
En ese sentido ha garantizado que "precisamente la contratación del Ayuntamiento de Madrid y la del equipo de gobierno que encabeza Ana Botella ha llegado a unos niveles de objetividad en cuáles son las condiciones y los criterios por los que se adjudican los contratos que nunca antes en la historia había existido y a unos niveles de transparencia enormes".
