El consejo de administración de la sociedad Madrid Calle 30 ha aprobado abrir seis expedientes de penalidades al socio privado, EMESA, por trabajos de conservación no realizados a pesar de estas contratados y que suponen un monto total de 22 millones de euros, ha informado este lunes el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, al término de la comisión del ramo.
Los incumplimientos detallados pasan por la no instalación de un sistema de telecontrol del alumbrado a cielo abierto, algo que EMESA se ha comprometido ahora a hacer (2,7 millones); falta de mantenimiento en los apoyos de neopreno en los túneles del bypass (3,2 millones); aspectos de seguridad vial relativos al número de operarios y la disposición de medios para la atención de incidencias; deficiencias en el mantenimiento del sistema de incendios en los cuartos técnicos; falta de una red de mejora del sistema de comunicación para el tráfico de datos críticos y la ausencia de una red wifi en la infraestructura con soporte de telefonía móvil propia.
También el consejo de administración ha informado de la apertura de una investigación sobre las aparentes deficiencias que plantea el actual centro de control en comparación con el proyecto ejecutado en 2007 ya que parece que no todas las características contempladas fueron instaladas o no se pusieron en marcha.
INCENDIO MORTAL
Dichos expedientes hacen referencia a "carencias de mantenimiento", lo que ha llevado al concejal a recordar que en los túneles de la M-30 se desató un incendio en octubre de 2012 que costó la vida a dos técnicos, una causa penal que se mantiene viva gracias al PSOE, como ha destacado.
Los informes de bomberos y seguridad del siniestro, ha remarcado, destacaron que "hubo un incumplimiento en la prestación de servicios pero nadie incoó expediente administrativo alguno de penalidad". "El PP (en anteriores legislaturas) hizo dejación de funciones en el consejo de administración porque los expedientes ya incoados responden a actuaciones no realizadas", ha apuntado el edil.
Los contratos entre las partes se firmaron en 2005 y fueron modificados en 2007. Las infracciones podrían derivar en una imposición de penalidades por comisión de falta grave y concretarse en sanciones económicas que van entre los 50.000 y los 750.000 euros. Madrid Calle 30 está participada en un 80 por ciento por el Ayuntamiento y en un 20 por el socio privado, EMESA, integrada por Ferrovial, Dragados y API.
ABSTENCION DE PP Y C'S
Los expedientes fueron aprobados en el consejo de administración del viernes con la abstención de PP y Ciudadanos, una reunión en la que estas dos formaciones se han sentido dañadas por haber sido grabados sin su conocimiento aunque, como ha explicado el propio delegado, es una práctica habitual y no sólo con este gobierno. Se hace también en comisiones y plenos para facilitar las transcripciones de las actas. "Si alguien piensa que lo importante es que hablemos de estas cosas...", ha lamentado.
El Ayuntamiento está revisando el modelo de gestión de la sociedad mixta, que ha costado a las arcas municipales 554 millones de euros entre 2005 y 2015. El modelo ha sido cuestionado por la Cámara de Cuentas. Para el Ejecutivo de Ahora Madrid es "gravoso e irresponsable" ya que, de mantenerse hasta 2040, cuando finaliza la concesión, el desembolso se acercaría a los 2.550 millones. En este momento un grupo de trabajo estudia ventajas e inconvenientes de alternativas al modelo actual.
