El Gobierno municipal de Leganés, formado por PP y ULEG, ha logrado finalmente desbloquear la situación de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE), con la asignación de los poderes necesarios al nuevo equipo directivo, por lo que ya podrán pagar las nóminas a los trabajadores y las deudas a proveedores.
Así lo ha avanzado el alcalde, Miguel Angel Recuenco (PP), en un comunicado, donde ha avanzado que, gracias al voto favorable de los representantes de Podemos y Más Madrid, sumados al de PP y ULEG, el Consejo de Administración de EMSULE ha posibilitado el desbloqueo de la empresa pública.
La empresa pública se encontraba en un "estado de bloqueo" desde el mes pasado, después de que los representantes del PSOE, Vox y Podemos en el Consejo de Administración impidieran el otorgamiento de nuevos poderes en la empresa municipal a los representantes del nuevo Gobierno local, del PP y ULEG.
El grupo municipal de Más Madrid presentó la semana pasada una propuesta para intentar "desbloquear" la situación, planteando al Ejecutivo local tres medidas de "transparencia" para que la situación "insostenible" -que impide el pago a proveedores y el ingreso de las nóminas a los trabajadores- se solventara.
Finalmente, los representantes de esta formación y de Podemos han acabando votando a favor de otorgar los poderes necesarios al nuevo equipo directivo, permitiendo así el desbloqueo de la situación de la empresa, que era ya "insostenible" para la ciudad, y a pesar del nuevo voto en contra de los representantes de PSOE y Vox.
El alcalde ha agradecido esta actitud y ha declarado que "más allá de la tranquilidad de poder poner en marcha una empresa que estaba parada y bloqueada, sigo sin encontrar una explicación lógica a la insistencia de los consejeros de PSOE y de VOX en paralizar la empresa".
Desde el PSOE han insistido en su voto en contra alegando que el "único objetivo" que persigue el nuevo Gobierno local es "poner en riesgo la viabilidad de las 350 viviendas públicas adjudicadas desde esta empresa".
Así lo ha señalado en un comunicado la portavoz socialista y representante en el Consejo, Laura Oliva, quien también ha denunciado presuntas "amenazas" por parte del Gobierno local (PP y ULEG) contra los consejeros que han votado en contra de el otorgamiento de poderes.
"El deseo del nuevo Gobierno local no es otro que echar por tierra un proyecto de 350 viviendas públicas que son plenamente viables siempre y cuando los responsables 'hagan los deberes'", ha añadido Oliva, quien ha asegurado que el nuevo Gobierno estaría "inventándose problemas en relación a este proyecto".
Además, Oliva ha justificado el voto en contra de su formación porque, a su juicio, el nuevo Gobierno local "busca que sea la Presidencia de EMSULE y no el Consejo de Administración formado por todos los partidos, quien decida sobre las acciones judiciales que están en marcha", entre ellas "las dos querellas interpuestas contra el actual alcalde".