La Justicia investigará si hubo prevaricación en el hospital de Torrejón de Ardoz
- La Fiscalía de Alcalá de Henares ve indicios de delito tras realizar diligencias
El Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz (Madrid) investigará si los responsables de la gestión del hospital de esta localidad cometieron prevaricación después de que la Fiscalía de Alcalá de Henares vea indicios de delito tras realizar diligencias de investigación preprocesal.
El PSOE denunció que los gerentes del hospital torrejonero podrían incurrir en un delito de prevaricación después de que el pasado 3 de diciembre 'El País' publicara unos audios en los que se escuchaba a responsables del centro sanitario pedir alargar las listas de espera para aumentar el beneficio económico de la empresa.
Según ha señalado la Fiscalía en su decreto, fechado el 8 de enero, adelantado por 'El Plural' y al que ha tenido acceso EFE, los socialistas denunciaron "diversas manipulaciones con la finalidad de aumentar el rendimiento económico en detrimento de la prestación adecuada de los servicios sanitarios a los ciudadanos".
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El Ministerio Público ha estimado que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, por lo que ha remitido la documentación recogida durante su investigación preprocesal al juzgado torrejonero.
Por otro lado, la Fiscalía ha decidido acumular varias de las denuncias que señalan a los responsables de la gestión del hospital de Torrejón, presentadas por el abogado Javier Flores, una persona anónima y la asociación El Defensor del Paciente.
En el caso del letrado, Flores pidió que se investigara si los gerentes del centro han incurrido en delitos como prevaricación administrativa, contra la salud pública, lesiones u homicidio imprudente y coacciones.
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Asimismo, el abogado apreció posibles delitos económicos, como delitos societarios, falsedad contable y alteración de cuentas; fraude en la contratación pública y fraude de subvenciones; administración desleal y malversación impropia de fondos públicos; y prevaricación administrativa por acción u omisión.
Por su parte, Más Madrid también denunció ante la Fiscalía la presunta comisión de seis delitos por parte de Ribera Salud, entre los que están malversación, prevaricación administrativa, lesiones, administración desleal y omisión de perseguir delitos.
También se plantea la posible existencia de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución, basándose en su artículo 43, referido a la protección de la salud "como un derecho y principio rector".
