La Delegación del Gobierno investigará la actuación policial en el desahucio de Maricarmen
- Sindicatos policiales tachan de "hipócrita" que el delegado del Gobierno "se desmarque del dispositivo"
La Delegación del Gobierno en Madrid investigará la actuación policial que tuvo lugar el pasado miércoles durante el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda en la que residía desde hacía 70 años en el distrito de Retiro.
Así lo han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press después de que durante la jornada del miércoles se registraran momentos de tensión, empujones y puntuales cargas policiales contra las personas concentradas para tratar de impedir el lanzamiento judicial.
La propia Delegación del Gobierno se desvinculó a primera hora de ese día del dispositivo desplegado en la calle Alcalde Sainz de Baranda y subrayó que la Policía Nacional actuaba en cumplimiento del mandato de la comisión judicial encargada de ejecutar el desahucio.
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La institución indicó entonces que no había dado "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa y expresó su oposición al lanzamiento.
El operativo desplegado contó con decenas de agentes y varios vehículos policiales para establecer un perímetro de seguridad alrededor del inmueble.
La comisión judicial llegó sobre las 9.30 horas y, durante las horas posteriores, se produjeron enfrentamientos puntuales con las personas concentradas, que habían pasado la noche frente al edificio para intentar evitar el lanzamiento.
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Los agentes retiraron a las personas que permanecían sentadas ante el portal y posteriormente accedieron al interior del inmueble, donde todavía permanecían activistas del Sindicato de Inquilinas que habían acompañado a Maricarmen durante la noche.
La operación terminó con la salida de la mujer en una camilla de los servicios sanitarios del Samur, antes de ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón.
El desahucio de Maricarmen provocó además una concentración posterior en Madrid a la que, según los datos de la Delegación del Gobierno, acudieron cerca de 10.000 personas.
La protesta terminó también con cargas policiales después de que los manifestantes realizaran una sentada en el paseo de la Castellana.
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Videos "sesgados"
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Justicia Policial (Jupol) cargaron este viernes contra las palabras del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien en una entrevista con Servimedia anunció que ha solicitado a la Policía Nacional que investigue la actuación de los agentes ante las protestas contra el desahucio de Maricarmen el miércoles. Lo ven "indignante" e "hipócrita" y exigen que se analice "todo", no solo vídeos "sesgados".
En declaraciones a Servimedia, desde Jupol calificaron de "indignante" que el delegado solicite esa investigación, señalando tajantes que "se juzgan vídeos de una parte, pero no se tiene en cuenta lo que pasó allí", incidiendo en que la Delegación da el visto bueno al operativo policial. Así, consideran "hipócrita" que la Delegación "se desmarque del dispositivo y después cuestione públicamente a los policías que ejecutaron el mandamiento judicial" y exigen a Martín que "deje de "lavarse las manos" con los dispositivos de orden público".
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Recuerdan que el delegado del Gobierno es la "autoridad responsable", dentro de sus competencias, "de la seguridad ciudadana y ostenta la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid". De ahí que subrayen que, si Martín "considera que había que actuar de otra manera", explique "qué instrucciones dio, qué información tenía y qué decisiones se adoptaron en el Centro de Coordinación".
"Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes", afean desde Jupol.
En este sentido, insisten en que es "especialmente grave" que se "pretenda trasladar toda la responsabilidad a los agentes". Por ello, reclaman que cualquier actuación concreta que pueda ser objeto de investigación "se analice con todas las garantías, valorando el dispositivo en su conjunto, no solo imágenes de una de las partes, editadas y sesgadas".
"Si algún agente se ha extralimitado, que se investigue y que se depuren las responsabilidades que correspondan", insisten para mostrar su rechazo a que previamente "se condene públicamente a policías que estaban haciendo su trabajo".
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"Que se investigue todo"
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también se pronunció en los mismos términos, criticando que, "se haga lo que se haga o sea quien sea el que está al otro lado", de una ideología u otra, parece que "siempre está mal hecho y la gente no ve bien que se use la fuerza", para lo que está legitimada la Policía.
De hecho, ponen de relieve que el operativo se prolongó durante siete horas y media y que la Unidad de Intervención Policial (UIP) está "para intervenir" si es necesario, añadiendo que estos actúan a partir de unas órdenes previas y un protocolo que conoce el propio delegado. Y apuntan que durante muchas horas hubo "contención" hasta que determinados activistas se saltaron el cordón de seguridad o desobedecieron las órdenes de los agentes. "Esas órdenes vienen de arriba", señalan mientras remarcan que los agenten solo "las cumplen".
En este sentido, hacen hincapié en que fue "una intervención muy complicada, con personas que intentaban impedir el lanzamiento" y agentes que "tenían la obligación de garantizarlo". Asimismo, también ponen de relieve que sea el propio delegado del Gobierno, "que tiene responsabilidades sobre la Policía Nacional en Madrid", quien solicita una investigación "por posibles excesos policiales".
"No tenemos ningún problema con que se investigue", apuntan mientras piden "que se investigue todo": "Las actuaciones, las órdenes recibidas y las circunstancias en las que tuvieron que trabajar los agentes". "No se puede juzgar una intervención de horas por unos segundos de vídeo", recalcan.
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Interior no se pronuncia
"A ningún policía le gusta participar en el desahucio de una mujer de 87 años. Detrás del uniforme hay personas, con familias y sentimientos. Pero los policías no decidimos a quién se desahucia ni podemos acogernos a la objeción de conciencia para dejar de cumplir una resolución judicial", zanjan desde el SUP.
Mientras, desde la Policía Nacional evitan valorar las palabras de Martín, señalando únicamente que suele ser habitual que estas investigaciones se produzcan tras una actuación de este tipo. Al mismo tiempo, fuentes del Cuerpo señalan que no se puede valorar una posible acción desproporcionada solo por uno vídeo.
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Desde el Ministerio del Interior tampoco se pronuncian al respecto de la petición del delegado ni de un operativo que, recuerdan, es autorizado por un juez. Eso sí, fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también hacen referencia a "imágenes descontextualizadas".
