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La Delegación del Gobierno de España en Madrid ha exigido este martes a la Comunidad de Madrid que respete el "derecho fundamental de reunión" de la acampada por la vivienda en la Puerta el Sol y ha confirmado que ha recibido el requerimiento para desalojar este enclave.

Así lo han trasladado fuentes de la Delegación de Gobierno después de que el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, haya dado 48 horas para que se desmantele esa acampada que ha calificado de "ilegal" o, de lo contrario, acudirá a los tribunales.

Desde la Delegación han incidido en que están comprometidos en velar por la seguridad ciudadana, al igual que en proteger la Real Casa de Correos, como Bien de Interés Cultural y sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Asimismo, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, han remarcado dichas fuentes, ha invitado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a que contribuya a la convalidación de los reales decretos en materia de vivienda y que asuma "sus competencias para dar solución al problema de la vivienda en la región".

Madrid da 48 horas a Delegación del Gobierno para que disuelva la acampada de Sol

El Ayuntamiento también envía requerimiento al delegado para que disuelva la acampada

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, como ya hiciera esta mañana la Comunidad, para que en cumplimiento de sus atribuciones disuelva la acampada de la Puerta del Sol con carácter inmediato y, de no hacerlo, ha advertido que "se llevarán a término las acciones legales que procedan".

En la carta, la también portavoz municipal ataca la "falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid en relación a la concentración no autorizada situada en la Puerta del Sol". El Consistorio reclama a Martín que "adopte las medidas a su alcance para disolver una concentración que supone un incumplimiento flagrante del ordenamiento jurídico, importantes dificultades para la movilidad en la zona y riesgo para la integridad y seguridad de las personas allí acampadas, además de para todo el entorno en caso de un incidente o amenaza".

El requerimiento se formula sustentándose "los principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia y responsabilidad de cada Administración en el cumplimiento de sus obligaciones".