La Comunidad de Madrid eleva a 12.367 millones la deuda del Gobierno central con la región

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 12.367 millones de euros la deuda del Gobierno de España con la región por servicios públicos, prestaciones y compromisos legales no atendidos, una cantidad que supone el 40% del total del presupuesto autonómico para 2026.

Lo ha detallado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en un encuentro con medios de comunicación, donde ha actualizado los datos de octubre, cuando entonces el dato se situaba en 10.500 millones y que ahora han sumado otros 1.867 millones extra.

"Queremos denunciar la falta de lealtad del Gobierno de Pedro Sánchez. No puede ser que, bajo la excusa de no tener presupuestos, nos tenga secuestrados a las comunidades autónomas y que pretende que paguemos sus medidas electoralistas", ha censurado.

Este impago del Ejecutivo central representa cerca del presupuesto integro madrileño destinado para su sanidad pública en todo este año. En el caso de Asuntos Sociales, acumula 2.668 millones desde 2019 por el incumplimiento de la Ley de Dependencia, que obliga al Estado a financiar el 50% del sistema y solo cubre el 27,9%.

De los 12.367 millones que el Estado adeuda a la Comunidad de Madrid, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo concentra 6.276. De ellos, 4.513 corresponden al tope al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023; 765 al retraso en las entregas a cuenta de 2026, y 993 a la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por su parte, Medio Ambiente eleva la cifra a 2.785 millones: 1.580 del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo y 1.200 de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur. Y la deuda se completa con 417 millones del Consorcio Regional de Transportes, 149 en Sanidad, 61 en Justicia y 10 en Educación.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS "NO ESTÁN COMPROMETIDOS"

La consejera de Economía ha señalado que al concentrar "más deuda" el Gobierno regional debe estar "todo el rato reconfigurando" los recursos que tiene. El ejecutivo autonómico ha recurrido varias de estas deudas, como el de la sanidad de los reclusos en instituciones penitenciarias. La Justicia ha dado la razón a Madrid, pero hasta ahora "no han pagado".

Ante esta situación, ha defendido que los servicios públicos "no están comprometidos" porque la Comunidad ha realizado memorias económicas para saber que tiene "dinero suficiente para financiarse a corto plazo y asumir los servicios públicos "fundamentales".

EXIGE LAS ENTREGAS A CUENTA

Por otro lado, Albert ha acusado al Gobierno de España de "utilizar más de 10.000 millones de fondos europeos", que son finalistas, para "pagar las pensiones". Ha alertado de que hasta ahora "no se han actualizado" las entregas a cuenta para el año 2026.

"Lo que está ocurriendo es que las comunidades autónomas tenemos que financiarnos a corto plazo para no privar a nuestros madrileños de servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales. Es un 'yo decido, tú pagas'. Esto no es una situación excepcional se ha convertido en la norma", ha criticado.

Por ello, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la que el Ejecutivo madrileño reclama la aprobación de un real decreto "urgente y específico, no mezclado con desahucios, vivienda, fiscalidad y un largo etcétera".

SIN CUANTIFICAR EL COSTE

Para la consejera, hay un método que "se repite" con cada norma aprobada por el Gobierno central. Consiste en decisiones aprobadas en Consejo de Ministros, llevadas a las conferencias sectoriales para informar, que "en la inmensa mayoría no incluyen memoria económica que cuantifique su impacto sobre las arcas autonómicas".

Ha puesto de ejemplo el plan para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, que rebaja temporalmente, hasta el 30 de junio, el IVA de la electricidad y los carburantes, y los impuestos especiales sobre electricidad e hidrocarburos, "todos ellos cedidos total o parcialmente a las comunidades autónomas". En el caso de Madrid, el impacto asciende a 206 millones de euros.

Asimismo, ha alertado de que el Gobierno está tramitando otras medidas con elevado impacto presupuestario para las comunidades autónomas "sin acompañar memoria económica ni cuantificar su coste". Es el caso de la rebaja de la jornada a 35 horas en la Administración o la imposición del calendario de reducción de horas lectivas en los centros escolares y ratios para los docentes.

Por su parte, la subida retributiva pactada por el Ejecutivo central para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas, supone 888 millones para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, elevándose a cerca de 2.000 millones hasta 2028.