La Audiencia Provincial retrasa el juicio del 'Caso ITV' de Móstoles para aclarar las responsabilidades civiles

La Audiencia Provincial de Madrid ha devuelto al Juzgado de Instrucción nº 1 de Móstoles la pieza separada que investiga la responsabilidad civil del denominado 'Caso ITV', donde están investigados la exalcaldesa Noelia Posse (PSOE) y ocho de sus ediles por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Esta decisión, adelantada por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, paraliza, por el momento, la fijación de fecha para el juicio oral de esta causa judicial, que había sido remitida en marzo pasado a la Audiencia Provincial de Madrid después de una instrucción de más de cuatro años.

Aunque la Audiencia Provincial había recibido ya los autos remitidos desde el juzgado instructor para continuar con la tramitación, antes de avanzar hacia la vista oral ha considerado necesario que se complete previamente la tramitación relativa a las posibles responsabilidades civiles derivadas del caso, los posibles embargos.

En el auto de apertura de juicio oral, al que tuvo acceso EFE, el Juzgado de Instrucción requirió a los acusados que prestaran, de manera conjunta y solidaria, una fianza de 817.453,94 euros, la cual fue reclamada por el Ayuntamiento de Móstoles en su escrito de acusación para garantizar un eventual resarcimiento económico.

Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción deberá ahora adoptar las medidas necesarias para asegurar la responsabilidad civil reclamada a los investigados, pudiendo exigir la constitución de fianzas o proceder al embargo de bienes suficientes de los acusados que todavía no hayan garantizado dichas cantidades.

Esta decisión supone que la Audiencia Provincial no continuará, de momento, con los trámites previos al juicio oral hasta que la pieza separada quede completamente resuelta y vuelva a ser remitida al tribunal encargado del enjuiciamiento.

El tribunal deberá discernir si se perjudicaron las arcas municipales cuando el Ayuntamiento decidió condonar la deuda de una empresa encargada de realizar las inspecciones técnicas de vehículos, a pesar de contar con un informe desfavorable del interventor, quien había alertado sobre la ilegalidad del procedimiento.

Además de Noelia Posse, la acusación también se dirige contra el exprimer teniente de alcalde David Muñoz; la exconcejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; el exedil de Seguridad, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la exedil de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.

Todos ellos continúan hoy en día como concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, con la propia Posse como portavoz municipal, una vez que fueron desalojados del Gobierno municipal tras la victoria de PP y Vox en las últimas elecciones municipales.

También están investigadas en el 'Caso ITV' las exediles de Igualdad, Dolores Triviño y Beatriz Benavides, ambas del PSOE, y la exedil de Educación y Juventud, Natividad Gómez, esta última de Podemos, que ya han abandonado la política.

Todos ellos, junto al exedil de Hacienda y de Recursos Humanos, Aitor Perlines (PSOE), que sigue una defensa separada desde un principio de los otros ediles, formaban parte de la Junta de Gobierno local que aprobó en 2020 la condonación de una deuda a la empresa ITV Móstoles S.L.

La acusación particular, ejercida por los dos exediles de Más Madrid que presentaron la querella inicial, Gabriel Ortega y Susana García Millán, solicita seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta para los acusados.

Con respecto a la mercantil acusada ITV Móstoles S.L. pide que se le juzgue por malversación de caudales públicos y pide una pena de 3 años y 6 meses de prisión con una cuota diaria de 5.000 euros.

Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita una pena de doce años de inhabilitación, mientras que el Ayuntamiento -personado en la causa- ha solicitado igualmente inhabilitación y recientemente ha comunicado que también acusará por malversación.