La Audiencia Provincial deja a la exalcaldesa de Móstoles de nuevo al borde del banquillo

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por la exalcaldesa de Móstoles Noelia Posse (PSOE) contra el procedimiento abreviado dictado el 27 de marzo pasado en la causa que la investiga por el presunto troceamiento de una serie de contratos realizados en 2016.

De esta manera, la Audiencia ha confirmado su continuidad como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa en el procedimiento abreviado que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos menores para reformas en colegios públicos, cuando era edil de Medio Ambiente y Limpieza Viaria.

La resolución judicial, adelantada por la Cadena Ser y a la que ha tenido acceso EFE, avala el auto dictado en marzo pasado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, dentro de una de las piezas separadas de la macrocausa que investiga unos supuestos delitos en la adjudicación de una serie de contrato menores.

La Audiencia ha rechazado los argumentos de Posse al considerar que "se dan indiciariamente los elementos del delito e prevaricación" por su participación activa en el proceso, y que su firma en los documentos fue "esencial" para dar curso a este modelo de contratación.

Además, subraya que en su condición de cargo público tenía la obligación de "asesorarse o abstenerse" si desconocía la legalidad del procedimiento, por lo que ha confirmado su continuidad como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa en el procedimiento abreviado.

Posse recurrió inicialmente el auto de continuación del Juzgado de Instrucción número 5 al defender que "no existe base indiciaria que justifique el acuerdo dictado de auto de acomodación procedimental", ya que su participación en los hechos "se resume una fase inicial".

En este sentido, la exalcaldesa hablaba de "un acto de mero trámite que se concreta en suscribir la propuesta de gasto para una propuesta de contrato menor con el objeto y finalidad de dar continuidad al procedimiento con su traslado a la Oficina de Control Presupuestario.

Sin embargo, la jueza aseguraba en su auto que, de lo actuado hasta el momento, "se desprende que se produjo consciente y deliberadamente por las mismas un fraccionamiento del objeto del contrato para eludir el límite cuantitativo a fin de evitar acudir al procedimiento de contratación ordinaria".

También mantenía la acusación sobre la que fuera jefa del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios Públicos en el ayuntamiento, Ángeles Cortizas Bouza, sobre la que también "existen indicios bastantes" de la comisión de este delito de prevaricación que se imputa a la exalcaldesa.

El auto insistía en que fueron Posse y Cortizas "quienes decidieron el tipo de contrato a realizar y, en consecuencia, quienes consciente y deliberadamente, prescindieron de las formas legales de la contratación pública, infringiendo los principios ya citados" en las propuestas de contrato para ocho obras.

Por ello, dictaba un auto de procedimiento abreviado, contra el que cabía recurso, dando por concluida la instrucción y dando diez días a las acusaciones y al fiscal para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

Ahora, una vez rechazado el recurso por la Audiencia Provincial, la alcaldesa vuelve a quedar al borde del banquillo, a la espera de que las acusaciones y el fiscal soliciten la apertura de juicio oral.

DOS INVESTIGACIONES

La exalcaldesa Noelia Posse también se mantiene investigada en otra pieza separada abierta por este mismo Juzgado sobre otras supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos menores del departamento de Comunicación del Consistorio mostoleño tanto en su mandato como en el de su predecesor, David Lucas.

Todas estas actuaciones sobre contratos menores se iniciaron tras una denuncia interpuesta por el exdirector de Hacienda del Ayuntamiento, Sergio Gil, ante la Fiscalía, quien acabó presentando denuncia por los delitos de falsedad de documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.