La Asamblea de Madrid crea una comisión sobre la ley de nietos y el PSOE-M se niega a participar

El pleno de la Asamblea regional ha aprobado este jueves, con el voto favorable del PP y Vox, la creación de una comisión de estudio para abordar el impacto de la ley de nietos en el censo electoral de la Comunidad de Madrid, y el PSOE-M ha avanzado ya que no participará en ella.

La propuesta partió del PP y tiene como fin estudiar, entre otras cuestiones, el "número y evolución de las adquisiciones de nacionalidad", su "posible incidencia en el censo electoral madrileño", la distribución de las inscripciones electorales por países electorales o el "impacto habitual" del voto del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) en procesos electorales. "Lo que se vota es si esta Asamblea quiere saber lo que está pasando con el censo electoral en la Comunidad de Madrid", ha resumido el diputado del PP Francisco Galeote, a cuyo parecer "se ha revelado un fraude evidente" ante el que la izquierda "ha preferido ser cómplice y mirar hacia otro lado".

La ley de nietos permite, en virtud de una disposición dentro de la ley de memoria democrática dictada el 19 de octubre de 2022, a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, siempre que acrediten los requisitos de haber nacido fuera de España, que el padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Sin embargo, una semana después el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre 1936 y 1955, y son los nacionalizados a través de esta vía los que no podrán votar. El Tribunal Supremo ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, una decisión que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

Galeote ha afirmado que el censo CERA correspondiente a la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 115.000 personas desde los últimos comicios y considera que, "a pesar de la medida cautelar adoptada" por el Tribunal Supremo, "el riesgo existe", dada la proximidad de las elecciones autonómicas de mayo de 2027. "Han intentado colarnos un censo electoral inflado", según el diputado del PP, quien ha avisado de que "cada trampa" que intente el Gobierno tendrá "una respuesta" de su partido.

En la misma línea, la diputada de Vox Ana Velasco ha valorado como "necesaria" esta comisión de estudio, pues puede "contribuir a que haya transparencia" en torno al "fraude de dimensiones gigantescas" recogido en la ley de nietos, con el que el Gobierno, ha dicho, "realmente pretende manipular el censo electoral y robarnos las elecciones". Igualmente, ha cargado contra la izquierda por oponerse a la comisión, mostrando que "han perdido la dignidad y el respeto por la democracia" al seguir "los designios de un presidente sátrapa" que les ha "arrastrado por el fango".

El PSOE-M se niega a participar

El PSOE-M ha adelantado ya que no participará en la comisión, según el diputado Fernando Fernández Lara porque equivaldría a "legitimar" la conversión de lo que considera una mera "controversia jurídica" en un "espectáculo político" que persigue "manipular al electorado" y "sembrar desconfianza hacia ciudadanos españoles".

"Ningún partido tiene derecho a establecer categorías de españoles según sus preferencias políticas", ha subrayado el parlamentario socialista, quien ha acusado a la derecha de "fabricar sospechas, engañar al votante" y, de manera preventiva, cuestionar la "legitimidad" del resultado electoral.

En cuanto a Más Madrid, sí tiene intención de participar en la comisión y de hecho se ha abstenido en la votación de la iniciativa para crearla, pues le parece bien "que se examine aquí por qué se vulnera el derecho fundamental de miles y miles de madrileños", ha expuesto el diputado Hugo Martínez Abarca. Aún así, Martínez Abarca teme que la comisión acabará siendo un "delirio 'trumpista'", pues opina que la derecha se basa en "patrañas para socavar la legitimación del sistema democrático en España" y generar "un clima de odio" contra la izquierda.

Según recogen las normas de funcionamiento de la comisión, esta solicitará la comparecencia de "especialistas en derecho de nacionalidad y derecho electoral, representantes de las administraciones públicas competentes" o "expertos en demografía y estadística electoral". Está previsto que la comisión desarrolle sus trabajos entre este mes de octubre y febrero de 2027, aunque el mes de enero es inhábil en la Asamblea.