Juicio al alcalde de Navas del Rey por reabrir un camino público cerrado por una inmobiliaria
- Quitó las puertas que impedían el paso entre su localidad y la vecina de Aldea del Fresno
- El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de coacciones
El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral Pedrero, se ha sentado esta mañana en el banquillo de los acusados por un delito de coacciones, manifestando que se amparó en un acuerdo del Pleno para proceder a la retirada de unas puertas de una finca situada entre el municipio y Aldea del Fresno, lo que ocasionaba problemas al cerrar caminos de una senda transitada por vecinos.
El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de coacciones, con la agravante de prevalerse de su cargo público.
Por ello, solicita una pena de dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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Decisión unánime del pleno municipal
En su declaración, el regidor ha detallado que había un problema vecinal en relación a unos caminos cortados, lo que daba lugar a quejas de ciclistas y asociaciones.
El asunto se llevó al Pleno del Ayuntamiento que votó por unanimidad instar a la finca a dicha retirada, una resolución que no fue recurrida por la finca afectada.
"Yo ejecutó una orden del Pleno. No había intención de fastidiar a nadie", ha subrayado el alcalde, quien lleva 18 años en el cargo, a preguntas de su defensa.
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"Yo no quería estropear una finca pero había que buscar una alternativa y estaba amparado en un acuerdo del pleno", ha subrayado.
Al inicio del juicio, la defensa ha planteado la suspensión de la vista oral al considerar que la Sala no es competente para el ensuciamiento de los hechos dado que se ha retirado de la causa la acusación particular. Pese a ello, el tribunal ha acordado la celebración del juicio, rechazando la solicitud de suspensión.
Sin acuerdo con Altamira Santander
Según el fiscal, los hechos se remontan a enero de 2020, cuando la empresa Altamira Santander, propietaria desde 2019 de la citada finca, procedió al cierre de varios caminos que, según los ayuntamientos implicados, debían permanecer abiertos al uso vecinal.
El 20 de enero de ese año se celebró una reunión entre los alcaldes de ambos municipios y representantes de la empresa con el objetivo de aclarar la situación de dichos caminos, sin que se alcanzara acuerdo alguno.
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Al día siguiente, el 21 de enero de 2020, y tras no lograrse una solución consensuada, el entonces alcalde de Navas del Rey habría ordenado verbalmente a operarios municipales la retirada de las puertas que impedían el acceso a la finca.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado se desplazó al lugar con diversos vehículos municipales, entre ellos un camión pluma y maquinaria pesada, y ordenó desmontar una de las puertas y trasladarla al almacén municipal, todo ello sin el consentimiento de la propiedad y sin existir resolución judicial o administrativa que amparase dicha actuación.
