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La nueva sociedad que se va a constituir en el Canal de Isabel II bajo el nombre 'Canal de Isabel II Gestión' va a contar con un rango de valoración fijado entre los 3.100 y 3.300 millones de euros y han sido, finalmente, un total de 110 municipios los que se van a sumar a la iniciativa, quedando fuera algunos grandes como Leganés y Getafe. Así lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno regional y presidente del Canal, Ignacio González, minutos antes de comenzar el consejo de administración de la empresa de agua que tiene que votar este miércoles la constitución de esta nueva sociedad, que se encargará de la gestión del ciclo integral del agua en los próximos 50 años.

Otro de los puntos a tratar en la reunión de hoy es la valoración de la misma, y según ha explicado González, versará entre los 3.100 y 3.300 millones de euros según los datos de los valoradores que han estado trabajando en el proceso durante los últimos años. Esta cifra tiene que ser ratificada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

González ha explicado que la reunión del consejo de hoy va a servir para aprobar la constitución de la sociedad de gestión que encomendó la Asamblea de Madrid en la Ley de Presupuestos del año 2008 "que preveía la creación de una sociedad de capital cien por cien público al que se le encomendaría la gestión del ciclo del agua".

Esta sociedad será la que se encargue de gestionar todo el agua del mismo modo que se venía haciendo, por lo que González ha asegurado que la creación de la misma no va a mermar en la calidad del agua, como han denunciado desde los grupos de la oposición, sino que, además, va a aportar "estabilidad" a su gestión durante los próximos 50 años.

En este sentido, ha señalado que, además, el hecho de que los ayuntamientos entren a formar parte del capital de la sociedad --80 por ciento para la Comunidad y 20 por ciento para los consistorios-- va a permitir por primera vez que participen en la gestión del agua y también se lleven beneficios.

AYUNTAMIENTOS

Entre los ayuntamientos que han aceptado adherirse a la nueva sociedad destacan algunos gobernados por el PP como Móstoles, Alcorcón, Pozuelo, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas; otros gobernados por el PSOE como Fuenlabrada y Parla; y otros por IU, como Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares.

Sin embargo, otros como Leganés, Getafe y Coslada, gobernados por los 'populares' no han podido sumarse finalmente porque los grupos de la oposición, en mayoría, se han negado. Para González, "curiosamente" son los grupos de IU y PSOE los que han votado en contra "cuando en los ayuntamientos donde gobiernan han dicho que sí".

A su juicio, esto es la "consecuencia" de tratar de utilizar "cualquier cosa con un interés político y no desde la congruencia de los principios políticos que uno defiende" pero, ha añadido, a eso están "acostumbrados" en el PP "por parte de PSOE e IU". Si finalmente los ayuntamientos que se han quedado fuera deciden incorporarse tendrán que hacerlo comprando acciones.

AGUA PARA TODOS

González ha insistido en que los ayuntamientos que no se han adherido van a seguir recibiendo la prestación del servicio del agua, porque, entre otras cosas, es algo que depende del Estado, que es el "único que puede dar las concesiones de agua que se necesita en las cuencas para dar de beber a los ciudadanos".

Por lo tanto, ha señalado que es "una falsedad" que los que los ayuntamientos que no estén en la sociedad vayan a quedarse sin servicio, una acusación que, según González, es propia del "desconocimiento total" de cómo funciona esto. "Beneficia a todo el mundo", ha apostillado.

De hecho, ha añadido que la prueba de ello es que los ayuntamientos del PSOE y, en concreto el de Parla, han votado que sí. González ha puesto este ejemplo que es donde "parecía" que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, tenía en el alcalde, José María Fraile, "su adalid de la defensa de esa estrategia errática".González ha explicado que en el Consejo de Administración de este miércoles se va a probar lo que es la articulación jurídica de la sociedad: además de su constitución, la valoración de los activos, de la compañía, el contrato programa y los convenios con los ayuntamientos.

Después de que lo apruebe el Consejo de Gobierno, se procederá a seguir los trámites administrativos y legales que corresponden y la sociedad empezará a funcionar "como cualquier otra" y tomará las decisiones oportunas sobre el reparto o no de beneficios, por ejemplo, ha concluido González.