La exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego ha reiterado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, que la contratación del empresario Alejandro de Pedro para trabajos de reputación en redes sociales la autorizó el entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria, informan fuentes jurídicas.
Se trata de la segunda declaración que Gallego presta en calidad de investigada en sede judicial tras una primera parte de interrogatorio el pasado 5 de abril en el que ya apuntó que ella actuó de acuerdo a unas directrices y que recurrió al exconsejero de Transportes Borja Sarasola para que le comunicara cómo abonar los 40.000 euros que el presunto 'conseguidor' de la trama reclamaba a la Comunidad de Madrid por sus trabajos de mejora de imagen de los miembros del consistorio regional.
Ante la falta de respuesta por parte de Sarasola y la insistencia del empresario, Gallego acudió a Victoria y éste le autorizó formalizar entre el departamento que ella dirigía y De Pedro un contrato que más bien consistía en el pago de las cuantías retrasadas. Tal y como ya apuntó en su primera declaración a petición propia, se trataba de una situación provisional consistente en el abono al informático de 1.800 euros mensuales.
Las fuentes consultadas han precisado que una de las defensas que más preguntas ha formulado a la investigada ha sido la del principal cabecilla de esta presunta red de corrupción, Francisco Granados, que en concreto se ha interesado por saber si conocía el papel que tuvo la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en esa presunta financiación paralela dentro del PP madrileño al margen de las cuentas oficiales del partido, para la campaña de la también exmandataria regional Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007.
Gallego ha respondido que desconocía esta cuestión que sacó a relucir Granados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en su declaración voluntaria del pasado mes de febrero. Entonces apuntó que dicha campaña paralela estaba dirigida por el expresidente madrileño Ignacio González y que Cristina Cifuentes era conocedora de la misma, ya que integraba el núcleo duro de poder del partido.
NO HUBO NINGUN BENEFICIO PERSONAL
La acusada no ha entrado en esta cuestión y se ha remitido a los contratos firmados para De Pedro afirmando que ella siguió directrices sin obtener beneficio alguno a cambio, según las fuentes consultadas. En su anterior declaración apuntó que, dentro del gobierno regional, había departamentos que contaban con presupuesto propio para las campañas de publicidad, comunicación y medios de sus respectivos consejeros y por tanto, estos contratos no estaban autorizados por la Dirección General de Medios.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Gallego apuntó a que se llegaron a utilizar algunas consejerías "a modo de chiringuitos" para promocionar la imagen personal de los miembros de los gobiernos de Aguirre e Ignacio González. "Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madri+d; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", apuntó matizando que esto no quiere decir que obtuvieran algún beneficio personal, sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas.
