La defensa del expresidente madrileño Ignacio González ha presentado una batería de recursos y escritos al juzgado del caso Lezo mientras espera que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señale la fecha de la vista para estudiar si mantiene la prisión preventiva decretada para él el 21 de abril. La media docena de escritos presentados por su abogado Esteban Mestre van dirigidos contra el bloqueo de cuentas bancarias, adjudicación de vehículos o contra los plazos para la presentación de recursos fijados por el juzgado que hasta hace una semana dirigía Eloy Velasco, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Sobre esto último, el abogado se queja en sus recursos de que se les haya puesto el 5 de junio de fecha límite cuando hasta ahora no han podido instruirse de la causa por encontrarse secreta y a la que desde hace unos días solo se les permite acceder a parte de ella, tras levantarse parcialmente el secreto, sin poder reproducirla más que tomando notas manuscritas.
Además, y entre otras cuestiones, también recurre la decisión del juez Velasco de autorizar a la Guardia Civil hacer uso de los vehículos que fueron intervenidos en la operación Lezo de corrupción. Concretamente 20, entre ellos un Smart ForTwo Coupe de Ignacio González, un BMW 330D de su mujer, Lourdes Cavero, y dos BMW y un Audi de su hermano Pablo, así como otros vehículos de lujo pertenecientes a empresas.
Mientras, el letrado espera que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señale la vista para analizar si mantiene en prisión a Ignacio González por el caso Lezo, a cuya excarcelación se opuso la Fiscalía.
El recurso de apelación fue presentado a mediados de mayo, por lo que al tratarse de una causa con preso, que tiene carácter prioritario, la Sala que preside la magistrada Ángela Murillo no tardará en ponerle fecha.
Para defender su excarcelación, el abogado de González, Esteban Mestre, ha invocado, fundamentalmente, el arraigo familiar y la notoriedad pública, que, a su entender, impedirían una posible huida del expresidente madrileño, sucesor de Esperanza Aguirre en la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Para oponerse a la libertad de González, los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, alertaban en su escrito de que éste y otros investigados en Lezo por la gestión del Canal de Isabel II habían "ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones".
