El caso ITV de Móstoles, pendiente de los técnicos que informaron en contra de condonar la deuda
- La comparecencia de este lunes de los últimos ediles citados no aclara por qué se perdonó a la empresa 2,5 millones
Este lunes han declarado en los juzgados de Móstoles los tres últimos concejales del área de gobierno, dos del PSOE y una de Podemos, imputados en el caso ITV. El juzgado investiga la condonación por parte del ayuntamiento de una deuda de dos millones y medio de euros a la empresa ITV Móstoles. La acusación pedirá la declaración de los técnicos municipales que informaron en contra de esa decisión.
La actual edil de Igualdad, Dolores Triviño, se ha limitado a señalar que ha respondido "a las preguntas que me han hecho", sin dar más detalles. También era el turno de declarar para la exedil de Urbanismo Beatriz Benavides, ahora jubilada, quien no ha querido hacer declaraciones, y de la concejala de Educación, Natividad Gómez (Podemos).
Al igual que sus predecesores, los cuatro ediles que declararon el pasado 16 de febrero, las tres "se han acogido a su derecho a no declarar" a las preguntas del abogado de Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), aunque sí lo han hecho a las de la magistrada, y a alguna más de sus letrados.
Declaran ante el juez varios ediles del gobierno de Móstoles investigados por el Caso ITV
Los técnicos informaron en contra
Las mismas fuentes, continúan insistiendo en que faltan por declarar los técnicos del Ayuntamiento, aquellas personas que emitieron informes desfavorables o que han estado presentes en las reuniones, "sobre todo en la de preparatoria de la Junta de Gobierno", según la acusación.
"Lo que esperamos es que se ponga de manifiesto todo aquello que informaron con carácter previo al acuerdo", han subrayado las mismas fuentes que destacan la importancia de estas declaraciones, ya que hasta ahora "nadie ha venido a reconocer que esos informes se vertieron, que se explicaron, y que las personas votaron con pleno conocimiento de que había esos informes en contra".
Los técnicos a los que hace alusión serían la responsable de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, el interventor y el "secretario general accidental", para quienes aún no hay fecha fijada para declarar.
