Los siete miembros del colectivo de ultraderecha Hogar Social Madrid han explicado al juez que atacaron la mezquita de la M-30 el 22 de marzo pasado al tener conocimiento por la prensa de informes de la Audiencia Nacional y de la Policía que implicaban al centro islámico con el terrorismo yihadista.
Todos ellos han comparecido hoy como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que investiga el ataque perpetrado a la mezquita de la M-30 el pasado 22 de marzo.
Aquel día, un grupo de entre 30 a 40 personas de este colectivo lanzó botes de humo y bengalas junto a la mezquita y colocó un cartel sobre una pasarela peatonal con las frases "Hoy Bruselas ¿Mañana Madrid?", en protesta por los atentados de Bruselas, según figura en el atestado policial, al que ha tenido acceso Efe.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que los investigados han variado ligeramente la versión que el pasado viernes ofreció la líder del grupo, Melisa Domínguez Ruiz, quien justificó el ataque al defender que la mezquita es un "foco de captación de terroristas" que "está financiada por grupos yihadistas".
Pero hoy los siete miembros del colectivo neonazi han manifestado que cometieron dicho ataque al tener conocimiento por informaciones periodísticas de informes de la Audiencia Nacional y de la Policía que vinculan a esa mezquita con el terrorismo yihadista.
Eso sí, todos ellos han hecho hincapié, como ya hicieran sus otros compañeros en sede judicial, que se trató de una acción "absolutamente espontánea" y que "no fue organizada previamente", si bien han admitido que se creó un grupo de Whatsapp al afecto para coordinarse y reunirse.
Incluso han negado haber lanzado bengalas y botes de humo contra la mezquita, como así aparece en los vídeos y fotografías de aquel día, y han señalado que la concentración se disolvió pacíficamente.
Los investigados, que se han negado a responder a las preguntas de la acusación particular, han admitido ser miembros de Hogar Social Madrid pero no han ofrecido detalles de esta asociación.
Precisamente, el único de los investigados que no ha acudido al juzgado se ha amparado en que no pertenece a Hogar Social Madrid para justificar su ausencia, pese a recoger la citación judicial.
Asimismo, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que ejerce la acusación particular en la causa, ha anunciado que pedirá al Ayuntamiento que asuma la acusación popular en el caso.
Lo hará porque entiende que "en este momento procesal la ciudad de Madrid, como legítima perjudicada, no puede seguir apartada del procedimiento, por lo que reiterará al Consistorio la necesidad de que actúe de forma proactiva a favor de su personación".
El Juzgado abrió en mayo pasado diligencias previas para investigar la acción tras recibir una denuncia de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por los delitos de atentado contra el lugar de culto y otro de odio con agravante racial y religiosa.
Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid, que tras investigar los hechos concluyó que hay indicios de la comisión de un delito de odio, por lo que envió toda la investigación a Plaza de Castilla.
