El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha defendido la necesidad de emprender reformas en los procedimientos judiciales que permitan al sistema ser ágil y rápido, de modo que la Justicia, además de ser "independiente", emita sus resoluciones en un plazo razonable.
González ha destacado la inversión de 34 millones que ha acometido la administración autonómica en la modernización tecnológica de los juzgados madrileños, durante el acto de entrega, a la empresa Fujitsu, del cuatro premio de modernización de la Justicia del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
Según González, es necesario acabar con las dependencias judiciales "atascadas de expedientes en papel" para mejorar la calidad de la atención al ciudadano.
En un acto al que han asistido los presidentes de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial y representantes de la abogacía, los procuradores y registradores, González ha destacado que la Justicia es un poder "básico y estratégico" que garantiza el ejercicio de derechos y libertades y permite el desarrollo y la prosperidad.
Ha recordado que Madrid es la segunda región con mayor índice de litigiosidad y que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, es la que dedica mayor parte de sus presupuestos a proveer de medios humanos y materiales al sistema judicial.
LA COMUNIDAD SOSTIENE EL 10% DEL COSTE TOTAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA
La administración autonómica de Madrid sostiene el 10% del coste total de la Justicia en España, ha recalcado el jefe del Ejecutivo regional, que también ha destacado que Madrid es la primera región por órganos judiciales creados y número de funcionarios por juez.
González ha repasado otros proyectos, como el nuevo concurso para relanzar la Ciudad de la Justicia, la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y la Oficina del Fiscal o el Portal de Justicia, como ejemplos de la promoción de esta administración.
No obstante, ha indicado que pese a todo ese "esfuerzo" sigue existiendo un "sentimiento generalizado" de que la Justicia no "funciona suficientemente bien", que ha achacado no a la falta de medio o el trabajo de los profesionales, sino los procedimientos inadecuados.
Por ello, ha instado a la reforma argumentado que una Justicia en la que las decisiones se dilatan puede ser "impecable" desde el punto de vista legal pero llegar, en ocasiones, a "no ser justa".